En Cerro Largo un grupo empresarial de free shop despidió sin aviso a más de 120 trabajadores, casi todas “mujeres jóvenes y jefas de horas”, algunas “embarazadas” y otras “dirigentes sindicales”, todas con 10 años promedio laborando allí, mientras el Sunca denuncia convocatorias a trabajar en obra pública en esa región fronteriza con “gente que se entera primero” y donde “no se respetan los llamados por categoría”, alertó en INFO24 el legislador frenteamplista y exalcalde del Municipio A de Montevideo, Gabriel Otero.
Otero informó que días atrás los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, realizaron la primera salida al Interior del país de una comisión parlamentaria como tal en lo que va de la legislatura, esto debido a la prevención por la pandemia.
“Fuimos por una situación puntual de los despidos que hizo la empresa DFA y Panda, del mismo grupo inversor, de más de 120 personas en la frontera, Río Branco, Aceguá, pueblos que pasan necesidades importantes, donde hay mucha población muy vulnerable y donde todos esos despidos, es fácil imaginar lo que van a tocar la economía de todo el pueblo”, apuntó.
En esa región fronteriza con Brasil “nos encontramos con situaciones más complicadas aún: en su gran mayoría mujeres, trabajadoras de free shop, mujeres jóvenes y jefas de hogar que fueron despedidas de un día para el otro después de venir meses en el seguro de paro; y aun correspondiéndoles el subsidio especial que se aplazó hasta marzo, la empresa decide despedir directamente en el marco de lo que ellos plantean es una reestructura de la empresa a nivel de la región; entre los despidos hay embarazadas” y aun así se ejecutaron “sin ningún tipo de charla previa”; los trabajadores “llevaban un promedio de 10 años cada uno” desempeñándose en dichas empresas y “hay gente con 16, con 17 años de trabajo ahí; en esos más de 120 despidos además se encuentran, lógicamente, dirigentes sindicales”, confirmó el parlamentario, quien señaló que los propios trabajadores denunciaron la pasividad de “un Ministerio de Trabajo que es inocuo y que no toma decisiones y poco influye en las posibilidades de una razonable salida”.
Más adelante advirtió en torno a una convocatoria en marcha para trabajar en algunas obras públicas en Cerro Largo, porque “una de las cosas que el Sunca denuncia es que no se respetan los llamados por categoría” y además que “en la obra pública hay gente que se entera primero: qué trabajador se precisa, con qué categoría”; a esto “lo han denunciado sistemáticamente los trabajadores del Sunca en todo el país, ahora en Cerro Largo” y el pasado fin de semana surgió el caso específico de un llamado para “Río Branco”.
Para Otero eso es posible porque “cambiaron los paradigmas, las empresas se sienten respaldadas por esta política que lleva adelante el gobierno y toman estas decisiones que son duras, y que no tiene marcha atrás”, algo que “es lamentable decirlo”; “una situación triste, complicada y arbitraria”.
Es que la misma lógica puede ser verificada en muchas otras ramas de la economía en el sector privado, así como en el público y en este sentido citó “el caso de Afutu”, donde “hay una clara represalia al sindicato”, dado que desde 1983 “cada dos años” (…) se fueron llevando adelante los congresos de delegados de todo el país” y así “pasaron seis gobiernos” sin que hubiera dificultades para cumplir dicha instancia orgánica por Afutu; pero con este gobierno “les fue negada con excusas que son una tomadura de pelo”, por lo cual “desde la apertura democrática al 2021 estamos frente al primer congreso de trabajadores de un sindicato que se hace mediante medidas de lucha; se tiene que ajustar a un paro donde ahí sí paran todos, los 14.000” funcionarios, algo que “afecta de manera increíble y por responsabilidad del gobierno a todos los estudiantes, cuando el congreso podía haber pasado por una normalidad absoluta y perdiéndose mínimamente horas, que eran sobre todo las del sábado y muy pocas las del viernes” pasados.
El legislador del Espacio 609 explicó que tal como “en el fondo es una persecución claramente sindical” lo que Secundaria y el Codicen hacen contra “los fueros sindicales que tienen los trabajadores de Fenapes, (…) esta decisión de la Dirección General de la UTU es una represalia contra los trabajadores, es un ataque a las garantías básicas para funcionar de un sindicato, es una pérdida de democracia; y necesariamente tenemos que atarlo a la lectura del espíritu de la LUC, que además de desahuciar al Estado es desahuciar también las bases sociales que históricamente han sido los grandes protagonistas de los cambios, es doblemente grave”, anotó.
Y respecto del referéndum derogatorio de 135 artículos de la LUC, señaló que “el gobierno está en campaña, claramente” y con “sus ministros, su prosecretario y el propio presidente, que fin de semana tras fin de semana dedica horas y horas para hablar de la LUC y de sus beneficios; están con el caballo del comisario, saben que se juegan muchísimo más que los 135 artículos” porque “una derrota, como nosotros esperamos que van a tener, sin duda que los pone en otra situación y además han tenido que retroceder, como si nadie se fuera a dar cuenta de que ya no se discute prácticamente lo de la reforma de la previsión social, que pasó para después de marzo”.
Alrededor de “todas esas cosas que se van haciendo, el gobierno se mueve con una táctica clara de silenciar” y por ejemplo, “ahora parece que no van a aumentar los combustibles, algo cambió que nadie entiende mucho”; se trata de “un clásico de estos gobiernos, que en realidad han venido a plantar una agenda liberal que oprime al trabajador, que lo quiere trabajando más horas, que lo quiere trabajando por menos, que quiere la sub-economía, el trabajo en negro”; y otro ejemplo es que “entró hace dos semanas a la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto de ley donde se habla entre otras cosas de la personería jurídica para cada sindicato y a partir de ésta, la posibilidad o no de que el empresario pueda retener la plata del afiliado para pasársela al sindicato”, un marco en “donde van a campear otro tipo de sindicatos por solamente el hecho de tener personería jurídica, donde se va a entrometer directamente en el accionar de los sindicatos”.