La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento con prisión de tres militares retirados que en reiteradas ocasiones sometieron a apremios físicos, tratos crueles, inhumanos y degradantes a más de 50 jóvenes de entre 13 y 25 años, detenidos entre abril y setiembre de 1975 en Treinta y Tres, y derivados al Batallón de Infantería Nº 10.
Liliana Pertuy, en diálogo con INFO24, se refirió “a estos tristes y lamentables hechos” ocurridos hace 47 años.
Recordó que la mayoría de ese grupo de detenidos tenía entre 13 y 17 años, a la vez que aclaró que no es el único caso de menores presos en dictadura, aunque sí lo es de esa magnitud.
“Es muy difícil aceptar que estas cosas sucedieron en este país. Tendemos los uruguayos a decir que somos mejores que otros, y acá no es tan así. Cada vez nos hemos parecido más a nuestra región, incluso también en las atrocidades perpetradas por las dictaduras que tenían un mismo patrón”, señaló.
“Somos el único caso en un pueblo del interior, donde el terror desatado hizo mecha en ese pueblo y fuimos usados como ejemplos (…) el que estaba directamente a cargo del caso nuestro y lo supervisaba personalmente, incluso fue con otro torturador a torturarnos, fue el dictador Gregorio Álvarez”, relató.
Pertuy también mencionó que otra de las cosas que se les prohibió durante toda la dictadura fue estudiar. “Teníamos todo prohibido, todo vedado y fuimos perseguidos en nuestro propio país”, puntualizó.
Tras 11 años de presentada la denuncia y a partir del contacto con Perciballe los empieza a citar, y él plantea que si no concurren que sean conducidos
Juan Luis Álvez, capitán, el responsable del caso en Treinta y Tres; Héctor Rombis, teniente mayor, oficiaba a la vez de torturador y de juez sumariante y Moasir Leites, alférez.
Pertuy mencionó que le es llamativo que, en Uruguay, algo muy distintivo de otros países donde hubo “desprendimiento”, continúe vigente el pacto de silencio, incluso dentro de los propios militares que no vivieron la dictadura no se separan de aquellos hechos.
Un 30 de abril de 1975, el diario El País publicó el comunicado de prensa del Comando General del Ejército relativo a los 39 adolescentes y jóvenes afiliados a la Unión de Juventudes Comunistas “por no cumplir las buenas costumbres” y aseguró que fue descubierto un campamento donde prostituían a más de 60 jóvenes.
La principal causa, dicta el comunicado es el “marxismo: única meta de destrucción moral”.
Los jóvenes fueron víctimas de arrestos ilegales y posteriormente de torturas. Una vez liberados, descubrieron que recayó sobre ellos la prohibición de continuar estudios en cualquier institución del país.
El 26 de agosto el fiscal Perciballe pidió el procesamiento de los tres militares responsables del hecho. El caso tiene más de diez años en sedes judiciales.
