El lunes 6 de diciembre la comisión investigadora que indaga sobre presuntas licencias sindicales irregulares, recibió a las autoridades de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
Posteriormente José Olivera, presidente de Fenapes, aseguró que se trató de “una investigación sobre la federación” misma, lo que calificó como carente de legalidad.
Y basó su afirmación citando el artículo 26 de la Ley 16.698, que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias, afirmando que se está indagando a una persona de derecho privado, algo que está expresamente prohibido por mandato legal.
Para Olivera el gobierno debe abandonar la política de enfrentamiento expresada a través de distintos actores, y citó al respecto un mensaje de la diputada María Eugenia Roselló en redes sociales y también expresiones de la Directora Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, Adriana Aristimuño, a quién calificó como representante directa de los intereses de la educación privada en Uruguay.
La referencia a la realización del referéndum para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), también estuvo en la consideración de Olivera que exhibió lo que entiende que es una contradicción del gobierno que, por un lado dice que no le permiten gobernar pero, por otro, teniendo mayorías parlamentarias difiere la consideración de temas esenciales para después de la realización de dicha instancia de consulta popular.