El viernes próximo se realizará una audiencia judicial en la que fueron citados científicos que darán su opinión sobre el proyecto Neptuno.
El abogado Juan Ceretta, represente legal de opositores al proyecto, explicó en diálogo con MVD Noticias de TV Ciudad que “se exige la suspensión de las obras, hasta que existan las evidencias científicas que avalen su viabilidad”.
“En esta audiencia el juez convocó a una serie de testigos que habíamos propuesto e incluso convocó también a algunos más que no estaban en la lista de los propuestos originalmente que son todos científicos con especialidad en distintas ramas de conocimiento que tienen que ver con las distintas objeciones que nosotros hicimos al proyecto Neptuno. Ahí se encuentran presentes en esta lista los científicos que le han informado sobre la salinidad del Río de la Plata”, explicó Ceretta.
El abogado también detalló que en la convocatoria se harán presentes científicos de la Facultad de Ciencias que por su parte realizaron objeciones ambientales a dicho proyecto “en lo que tiene que ver con el pólder o el reservorio de agua dulce y la eventual peligro de contaminación del acuífero de Raygón”.
A estos científicos se suman otros: paleontólogos que entienden que se afecta el aspecto paleontológico, así como antropólogos que entienden que habrá una “afectación a la comunidad y con el ordenamiento territorial”.
Proyecto Neptuno: no hay “certezas científicas”
Ceretta contó que la expectativa, en patrocinio de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, los vecinos de Arazatí, nucleados en la agrupación de Tukutuku, es la de poder acceder a la suspensión del proyecto Neptuno “hasta que existan certezas científicas sobre que esta afectación que nosotros entendemos que va a tener realmente sean descartadas”.
El juez citó además al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud Pública, ambos organismos públicos involucrados en el tema. Luego de escuchar a las partes se dictará una resolución.
“Y esta resolución, en caso de ser positiva para quienes estuve defendiendo, sería la interrupción de las obras. Estamos solicitando que no se suscriba el contrato con el consorcio que resultó electo en la licitación. Si la justicia ordenara al Estado no suscribir el contrato, evidentemente se detendría todo el proyecto”, sintetizó.
