En la denuncia se solicita al Poder Ejecutivo investigar beneficios “que favorecieron a varios permisarios vinculados al mismo partido político y si los mismos constituyen actos de corrupción”.
Un grupo de empresarios denunció recientemente presunta corrupción en el Ministerio de Industria. Energía y Minería (MIEM) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, con permisos otorgados para estaciones de servicio, y apuntan especialmente a un exsenador de la Lista 40 del Partido Nacional (PN) y actual integrante del directorio blanco.
En la denuncia, difundida por el periodista Eduardo Preve en su espacio La Tapadita en Nada que Perder, los empresarios solicitaron al Poder Ejecutivo investigar beneficios “que favorecieron a varios permisarios vinculados al mismo partido político y si los mismos constituyen actos de corrupción”.
Se trata del exsenador suplente Adrián Silva, quien es propietario de distintas estaciones de servicio en Florida y Canelones, según contó Preve. En su calidad de empresario junto a sus socios, en el período pasado solicitó el traslado de una de sus estaciones que se ubicaba en Santa Rosa, Canelones, para situarla en el cruce de las rutas 11 y 6, lo que le brindaría mayores beneficios e ingresos.
La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) le concedió el traslado, pero el exministro de Industria Omar Paganini revocó esa autorización; posteriormente, la ministra Elisa Facio le otorgó nuevamente ese permiso.
“Se entiende que, al realizar esas gestiones siendo legislador, Silva violó el artículo 124 en su inciso 2 de la Constitución de la República, que prohíbe a los senadores y representantes gestionar asuntos de terceros ante organismos públicos”, dice la denuncia presentada a las actuales autoridades de Industria.
“En función de la imposibilidad de cumplir en la actual ubicación -en Santa Rosa- con las normas y reglamentos de Ursea para el expendio de combustibles y afines”, fueron los motivos presentados por Silva y sus socios para solicitar el traslado. Cuando Ursea otorgó el permiso, no apareció reflejado el motivo que los dueños de esa estación esgrimieron para solicitarlo, según denunciaron los empresarios.
Los traslados se pueden solicitar por excepción o por no poder cumplir con lo que exige la Ursea, según especificó Preve, aspectos que no aplican para este caso. Pese a ello, Silva y sus socios siguieron adelante con la construcción de la estación en la intersección de las rutas 11 y 6.
Meses más tarde, Facio dijo que ella iba a revocar lo que había establecido Paganini, argumentando la inversión que ya se había hecho. “El tema de las estaciones de servicio es bastante complejo, la reglamentación, en definitiva, incide en muchos actores y es un ecosistema muy complejo. Se van a otorgar muchos permisos y traslados también. Lo que se tuvo en cuenta para revertir la decisión fue la inversión muy grande realizada en el proceso”, dijo Facio en una rueda de prensa, a fines de 2024.