Ana Ferraris, vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en aquel entonces había solicitado a la presidenta del organismo incluir el tema en el orden del día.
"Sra. Presidenta, tal como se lo manifesté oportunamente, vengo a solicitar la inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Directorio la situación planteada en la Intendencia de Artigas vinculada a un presunto uso irregular de fondos públicos con destino al pago de horas extras aparentemente excesivas a una funcionaria, entre otras supuestas anomalías detectadas en la gestión departamental a la luz de la normativa en materia de ética pública", esboza el texto que Ferraris había presentado a la titular de la Jutep.
Y concluía: "Los indicios que han salido a la luz pública así como los antecedentes que obran en esta Junta referidos a dicha Intendencia y que se adjuntan, fundamentan la presente solicitud".
Este miércoles Ferraris aseguraba a MVD Noticias de TV Ciudad que el intendente de Artigas, “Pablo Caram no puede ocupar ningún cargo público mientras tenga la ciudadanía suspendida”.
El jerarca fue condenado por la Justicia por “delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios”, en la causa del pago irregular de horas extra que ascendería a 8 millones de dólares.
La sentencia judicial por este delito fue de 14 meses de prisión con libertad a prueba y cumplir dos horas de tarea comunitaria por semana durante un período de cuatro meses, informó Fiscalía.
También fue condenado por la Justicia Rodolfo Caram, primo del intendente de Artigas; fue secretario general de la comuna artiguense. Resultó condenado junto a su pareja Stefany Severo por el caso del pago irregular de horas extras.
Tanto Rodolfo Caram como su pareja lograron un acuerdo abreviado con el fiscal de Artigas Federico Rodríguez por un delito continuado de fraude.
Ambos deberán pagar con una pena de prisión de 24 meses que resultaron ser sustituidos con una libertad a prueba que incluye 10 meses de trabajo comunitario por cuatro horas.
Quedan inhabilitados por un lustro para ejercer tareas en la función pública y tendrán que abobar una multa de 1.000 unidades reajustables cada uno (alrededor de 40 mil dólares).
