Según el Ministerio del Interior, en un año y medio hubo un aumento de 60% de las mujeres privadas de libertad: este gobierno comenzó su gestión con unas 650 mujeres en cárceles y actualmente hay 1.038 mujeres privadas de libertad. Las mujeres, a su vez, representan el 7% del total de la población carcelaria.
Casi la mitad de las 1.038 mujeres privadas de libertad lo están por delitos de estupefacientes. El hurto es el segundo delito más cometido, con 135 casos (13%). Luego la rapiña, con 125 casos (12%). Por otra parte hay 89 mujeres cuyo delito fue el homicidio (9%). También existen algunos casos de receptación, lesiones y estafa.
Aquí algunos de las declaraciones recogidas para este informe:
“No es que esto no existiera antes. Se puede ver en casos anteriores, las conductas también eran castigadas pero no con estas penas de penitenciaría que parten de los 4 años. Hay una desproporción en las penas. Esto se denomina desde las ciencias penales, la dosimetría penal. Es decir, el vínculo entre la pena y la conducta que se está castigando. Por otra parte, tiene una clara impronta desde la perspectiva de género en cuanto a las cuestiones vinculadas a estupefacientes, son cometidas en el hogar. Ahí hay un problema que merece ser analizado desde la perspectiva de género. No podemos estar castigando más este tipo de conductas que normalmente están afectando a mujeres, mujeres con escasas herramientas en situaciones de vulnerabilidad y con, por supuesto, hijos a cargo”, abogado Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
“El asunto es poder analizar cuáles otras intersecciones se cruzan en la vida de esas mujeres. Por lo general la mayoría son mujeres que tienen hijos a cargo y que ejercen una jefatura monoparental a nivel de sus hogares. Eso nos lleva irremediablemente a pensar que la política de seguridad y, sobre todo, la política penitenciaria o de represión al delito en el caso de las mujeres tiene que poder integrar de qué contextos vienen”, Valeria Caggiano, integrante de la Mesa de Trabajo Sobre Mujeres Privadas de Libertad, un espacio de articulación interinstitucional compuesto por el Instituto Nacional de Rehabilitación, sectores de la sociedad civil y la Universidad de la Republica.
“La mujeres en general, históricamente, han estado en peores condiciones que los varones, porque la población de mujeres privadas de libertad ha crecido y no así la infraestructura necesaria para recibirlas. Con un crecimiento del 28% de mujeres, obviamente que va a haber un hacinamiento mayor (…) Como siempre, y lo he dicho en otras oportunidades, las mujeres tienen menos oportunidades de acceder al trabajo y al estudio que los varones, pero sí ha habido, en las últimas gestiones, un avance con respecto a esto en cuanto a la inversión en talleres, por ejemplo de maquillaje, peluquería, de costura. Hubo una inversión importante en cárcel de mujeres para poder hacer este desarrollo del trabajo, y no se da en todas las cárceles del país. Históricamente, el trabajo pensado para los privados de libertad siempre tuvo que ver con tareas pensadas para varones, ¿no? En esta cuestión de que el trabajo estaba dividido entre lo que podía hacer un varón y lo que podía hacer una mujer, entonces, en las cárceles se elaboraban, por ejemplo, bloques, ladrillos, y eso siempre se vio como trabajo de fuerza y por lo tanto, como trabajo de varones. Hasta tanto no empezaron a desarrollarse oportunidades de trabajo de artesanías, ropa, no hubo un lugar para que las mujeres pudieran acceder a esos talleres y a ese trabajo”, Caggiano
“Es que hay un derecho que es la resocialización que está inserta en el artículo 26 de la Constitución y que es interpretado modernamente para intentar darle una finalidad a la pena de privación de libertad. Dice que las cárceles no pueden servir para mortificar ni para torturar, y que se debe buscar la inserción de la persona. La situación de redención de pena por trabajo y estudio es algo que estableció la ley de humanización del sistema carcelario y es claramente una buena herramienta que, en contextos de masificación de personas privadas de libertad, empieza a verse resentida, ¿por qué? Porque las personas no pueden acceder a plazas, ya sea educativas o laborales”, Fernández.
