Entrevista a Soledad Suárez Navas, abogada y docente del Consultorio Jurídico Penal de Víctimas de la Facultad de Derecho, UdelaR, quien representa a diez de las víctimas de Operación Océano
"Dentro de lo que son los delitos sexuales el primer distingo que podemos hacer es que estamos ante situaciones de explotación sexual aunque hay algunos delitos imputados de otras características, propios más del abuso sexual o incluso de suministro de estupefacientes. La otra distinción en relación a otros casos es la cantidad de imputados y de víctimas que implica, lo que supone desafíos de investigación y de manejo procesal de todo esto que marcó un hito histórico. Con esta magnitud no ha habido otros casos. Sí hay causas extremadamente complejas de explotación, pero acá además se suma que tenemos un sistema procesal penal nuevo y la ley de género en vigor"
"Normalmente se habla de dos años y la primera formalización fue en mayo de 2020. A mí manera de ver la investigación ha tomado un ritmo muy rico, ha sido un trabajo muy intenso incluso en pandemia"
"Cuando una víctima de delitos sexuales habla, de allí en adelante pueden surgir situaciones de revictimización, eso es una realidad. Lo que hay que hacer es que cada uno de los operadores asuma sus deberes que imponen las normas respecto a determinados principios y derechos para que eso no ocurra o que se reduzca al mínimo. Está regulada cada situación para que eso no suceda y ahí está el actuar de las defensas en exigirlo. Por ejemplo, que la víctima no tenga tanto rato de espera, que no sea realmente una batería de preguntas sino que se cumpla con lo que establecen las normas tanto de género como el Código y que el funcionario capacitado no le haga pregunta por pregunta sino que pueda llevar la conversación"