Era “un hecho inevitable”, expresó el prosecretario, porque era “una empresa de papel que claramente no existe, que nunca existió"
“En este momento no hay ningún diálogo instalado con la empresa Cardama”, señaló ayer el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sobre la situación con el astillero español que presentó una garantía denunciada penalmente por el actual gobierno tras constatar que la entidad emisora, EuroCommerce, era una empresa “de papel”.
De hecho, la firma británica presentada como garantía por Cardama -responsable de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada nacional- fue disuelta por el registro mercantil de Reino Unido esta semana. “Era algo que esperábamos que sucediera”, dijo Díaz en rueda de prensa, y acotó: “Intentamos evitarlo porque entendemos que somos acreedores de esa empresa”.
La disolución de EuroCommerce era “un hecho inevitable”, continuó Díaz, porque era “una empresa de papel que claramente no existe, que nunca existió y que en definitiva así lo demuestran su dirección, su director, su página web, su balance financiero... No fue una sorpresa". En este contexto, Díaz dijo que “hay un tema de confianza y de buena fe” en el vínculo con Cardama “que lamentablemente está dañado".
Díaz recordó que el Estado uruguayo contrató al estudio jurídico Arnold & Porter en Reino Unido “que ya está trabajando sobre el punto”, según dijo sobre las eventuales acciones en ese país vinculadas a la garantía de EuroCommerce. “También hemos hecho algún contrato en España para recabar información”, indicó.
El prosecretario puntualizó que el hecho de que actualmente no haya ningún diálogo con Cardama, “no quiere decir que no se pueda instalar”. “En este momento estamos siguiendo con las disposiciones del presidente Yamandú Orsi”, apuntó en referencia a la denuncia penal presentada ante Fiscalía a finales de octubre y recordó que sigue adelante la investigación administrativa en el Ministerio de Defensa Nacional.
Las advertencias
En su columna La Tapadita de Nada que perder, Eduardo Preve informó que el estudio jurídico Delpiazzo planteó rescindir el contrato firmado en 2023 entre Defensa y Cardama en agosto de 2024 y envió un borrador de no entrada en vigor del acuerdo a la cartera.
Según explicó Preve, el estudio advirtió a las autoridades sobre los “reiterados atrasos” en la entrega de la garantía de fiel cumplimiento y las “desprolijidades” de Mario Cardama, propietario del astillero español elegido por bajo la administración de Luis Lacalle Pou para construir las patrullas oceánicas, a pesar de que no contaba con experiencia previa en la fabricación de este tipo de barcos.