El decreto del Poder Ejecutivo que flexibilizó la normativa de empaquetado y etiquetado neutro de cigarrillos y habilitó el retorno a la venta de estos en ´cajas blandas´ por iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería deja en evidencia que “en esa relación que hay entre mercado y Salud este gobierno en los hechos privilegia mercado, y además lo hace por encima de la voluntad de la autoridad sanitaria”, criticó Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, en Menú Informativo.
Fernández Galeano lamentó que esta decisión del gobierno “es un retroceso muy importante” y recordó que “no es el primero” porque ya “en marzo de 2021 se habilitó la importación y comercialización de productos de tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos”, de modo que en este gobierno “hay una tendencia a fisurar una política pública exitosa que el país alcanzó, que hace que Uruguay esté entre los 5 países (…) que aplicaron con mayor grado las recomendaciones del convenio marco de control de tabaquismo”.
Lamentó también que suceda en “un país que tiene pocas políticas públicas de acuerdos”, con lo que ahora esta política “se empieza a fisurar por la injerencia y la presión de la industria tabacalera, que solicita siempre normas de flexibilización que permitan ir contra la evidencia demostrada de que determinadas restricciones o limitaciones en el empaquetado o en el etiquetado, disminuyen -hay evidencia científica- el consumo de tabaco”.
En las horas recientes se difundió la información de que la firma tabacalera Montepaz donó en la última campaña electoral 14.531 dólares a la fórmula presidencial del Partido Nacional; el ex jerarca de Salud Pública primero advirtió que eso fue “ilegal” y señaló que el gobierno busca “privilegiar al mercado; en esa relación que hay entre mercado y Salud, este gobierno, en los hechos, privilegia mercado, y además lo hace por encima de la voluntad de la autoridad sanitaria”, es decir el Ministerio de Salud Pública, criticó.
Para emitir el decreto, el gobierno apeló al argumento de “combatir el contrabando” pero este “es un argumento absolutamente falso”, acusó el entrevistado y en esa dirección apuntó que “hay protocolos del propio convenio marco para combatir el contrabando que Uruguay no aplica, y se elige este tema para flexibilizar los mecanismos de comercialización”.
“Lo que hay es una notoria vocación de darle privilegio al mercado, verbigracia a los ´malla oro´, y condenar al conjunto de la población, que en el corto y mediano plazo va a tener impactos si se empieza a dar no solo la flexibilización en las normas que regulan el consumo de tabaco, sino que se empiece a dar también la disminución de la percepción de riesgo”, avisó.
Fernández cuestionó que en el gobierno de la ´coalición multicolor´ “se actúa con un excesivo, negativo presidencialismo, y que particularmente en políticas sanitarias -eso es así desde lo académico, desde una visión académica de la gestión en Salud- la autoridad sanitaria no debería ser nunca desconocida por ningún presidente ni por ningún ministerio”.
Añadió en esa dirección que “por algo la Ley Orgánica de Salud Pública, de 1934, le da ese papel, ese rol al Ministerio de Salud y por algo todo lo que tiene que ver con el marco conceptual de la rectoría en Salud establece la importancia de que nunca los sistemas de Salud sean afectados, interceptados en sus decisiones por decisiones de gobierno, ya sea de ministerios que no tienen una relación directa con garantizar el derecho a la Salud ni de los presidentes; en todo caso el presidente de la República tendría que discutir y recibir la opinión del Ministerio de Salud Pública”.
