Es el retiro de la autoridad civil del territorio

La Acordada 8119 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de fecha 12/8/2021, decidió suprimir 20 sedes judiciales en el interior del país a partir del 1ro de octubre.

Ante este anuncio la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) emitió un comunicado en el que expresa su total rechazo a dicha resolución “tanto por razones de forma, como de fondo” y agrega que se plantean “cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al Gremio que los representa”.

Esta decisión de la SCJ generó reparos dentro del Frente Amplio, pero también en el Partido Nacional.  En el caso de la oposición, la presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, Cecilia Bottino, anunció que se convocará “a los involucrados y afectados, para conocer las razones de la decisión, que afecta a la ciudadanía en el acceso a la justicia”.

A su vez el senador nacionalista Sebastián da Silva, afirmó que  “eliminar juzgados de Paz, obligando a uruguayos a hacer decenas o centenas de kilómetros para cualquier trámite judicial, es la cara más cruda del centralismo”.

El Secretario General de AFJU, Pablo Elizalde, en diálogo con INFO24, comentó algunas situaciones complejas, como el caso del eventual cierre de la sede de Aceguá, en cuyo caso los ciudadanos tendrían que trasladarse a Melo, distante 60 kilómetros. Y algo similar planteó en el caso de Tranqueras.

Elizalde plantea distintas preocupaciones, pero advierte que los temas de familia y de violencia doméstica conforman la mitad de los expedientes que se tramitan anualmente, y que muchas veces se atienden, en primera instancia, en este tipo de sedes cuyo cierre dejaría una vulneración aún mayor.

Es por estas y otras situaciones que el dirigente sindical se plantea una interrogante: ¿Qué Poder Judicial y Justicia quiere el Uruguay?

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