Como respuesta a la baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas, este año la Secretaría antilavado estudiará 200 compraventas de inmuebles y el rol de todos los actores que participaron en esas operaciones que, según autoridades y especialistas, son las de mayor riesgo de lavado de dinero.
El columnista especializado en economía, Mathías da Silva, definió en M24 al lavado de activos como la compra de un bien o negocio de alto valor con fondos provenientes de actividades ilícitas (narcotráfico, contrabando, evasión fiscal u otras), destinado a formalizar el dinero. Para contrarrestar esta práctica, a partir de los años 90 se utiliza al sistema financiero como parte del esquema de controles, práctica que en Uruguay se reforzó con la Ley Integral de Lucha del Lavado de Activos de 2017.
Esa norma incluyó como "sujetos obligados" a informar al sistema de controles a actores no financieros, como contadores, escribanos, abogados, inmobiliarias, casinos, rematadores y otros rubros. Según el tipo de cliente, deben reportar el origen de los fondos.
Pero los reportes del sector no financiero en 2021 cayeron a la cuarta parte de los recibidos en 2017, año de la ley. El Banco Central publicó informes donde manifiesta "mucha preocupación" por el escaso número de reportes enviados.
En 2021 se movieron 1.600 millones de dólares por compraventa de inmuebles. Los reportes por transacciones sospechosas fueron 5 en todo el año. Para comparar, en 2017 fueron 20. "No es razonable que hayan estos números", dijo el jefe de Análisis Estratégico del Banco Central en el Parlamento.
El Gobierno atendió el reclamo de los escribanos y contadores en la Ley de urgente consideración. Ahora, los agentes no financieros que intervengan en una transacción por vía bancaria podrán realizar "controles simplificados" sobre el cliente y sus fondos. Es decir, si bien mantiene la obligación de reportar un evento que ellos consideren sospechoso, cuando la operación sea bancaria ya hay una presunción de legalidad por entenderse que el control ya fue realizado previamente por los bancos.
La Secretaría antilavado iniciará este año un plan de controles a 200 negocios inmobiliarios, el sector más preocupante para las autoridades y especialistas, para evaluar el rol de los participantes de las compraventas.