“Los mensajes en el período pasado fueron de relajamiento en los controles y la cantidad de reportes de operaciones sospechosas bajaron”, explicó Espinosa.
El Senado aprobó las modificaciones a la Ley Integral de Prevención del Lavado de Activos y ahora el proyecto será discutido en la Cámara de Diputados. El texto obtuvo respaldo unánime en la votación general, pero en el análisis artículo por artículo surgieron diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El proyecto introduce varios cambios, entre ellos un fortalecimiento del control fronterizo, mayor exigencia en la debida diligencia, y la obligación de justificar el origen de fondos que ingresan al sistema financiero. También se reduce el límite máximo en las operaciones en efectivo permitidas para ajustar la normativa vigente, en consonancia con estándares internacionales.
El asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Narcotráfico (Senaclaft), Daniel Espinosa, recordó que Uruguay aprobó una estrategia nacional para el lavado de activos dos meses atrás, que estuvo basada en una evaluación de riesgos realizada en 2023. “Parte de las medidas para solucionar los problemas están en este proyecto de ley, como una mejor coordinación y cooperación entre todos los organismos del Estado”, explicó en entrevista con Nada que perder.
“En el período anterior no hubo una adecuada coordinación y cooperación”, resaltó el entrevistado y agregó que, en el primer artículo del proyecto de ley, se fortalece la comisión coordinadora contra el lavado de activos, que funciona en el ámbito de Presidencia y que es la que “empuja políticamente” todo el trabajo estatal. “El Estado ha sido omiso en ser proactivo y cooperativo”, lanzó.
Otro tema que señaló Espinosa en la entrevista fue la “no obtención de resultados” en el combate de lavado de activos, que se debe, a su entender, a la actuación “descoordinada”. “Los mensajes en el período pasado fueron de relajamiento en los controles y la cantidad de reportes de operaciones sospechosas bajaron”, explicó.
Sobre ello, agregó que la intención de las autoridades es retomar los niveles anteriores de percepción de riesgo y tratar que desde el sector privado también ocurra ese control, “siempre reconociendo que el primer sujeto obligado es el Estado”.
Por último, Espinosa dijo que Uruguay, en comparación a nivel internacional, está “desfasado” en términos de resultados. “Normativamente estábamos bien, el proyecto aprobado ajusta modificaciones realizadas en el período anterior, pero estamos dentro de los estándares en el papel; lo que nos está faltando es la operatividad”, concluyó.