A los extrabajadores de la extinta mutualista se les presentó un nuevo problema que deberán afrontar ante la Dirección General de Impositiva (DGI).
Tras el cierre de la exmutualista, ésta pasó al Banco de Previsión Social (BPS) aguinaldos y salarios vacacionales que no pagó y cuando los trabajadores presentaron su declaración jurada, confirmaron que debían tributar un monto de IRPF por algo que no habían cobrado.
Esta situación le fue comunicada a la sindicatura que realizó la liquidación de la empresa que, a su vez, le trasladó al BPS la necesidad de corregir las historias laborales, pero el ente señala que como la empresa está cerrada no existen certificados para hacerlo.
El asunto le fue comunicado a la DGI que en mayo abrió un expediente aún sin resolución, por lo que los trabajadores debieron afrontar el pago de la primera cuota.
En diálogo con El País, Ximena Carrera, integrante de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, dijo que la particularidad de este “nuevo problema” para los exempleados es que se generó tras la intervención que culminó con el cierre de la institución.
Los extrabajadores se reunieron con la bancada de senadores del Frente Amplio para pedir ayuda sobre el proyecto de ley, aún no ingresado en el Parlamento, en el que el Poder Ejecutivo cuenta con 8 millones de dólares para cancelar sus créditos laborales. El reclamo es por 42 millones.
Desde la oposición se propondrá que se paguen los créditos preconcursales a partir del fondo de garantía creado en el BPS.