El presidente de la Junta modificó el decreto luedo de la votación, lo que motivó una investigación interna, mientras que ediles de Correntada por el Cambio y del FA cuestionaron la legalidad del veto.
Por primera vez en cuatro décadas, un intendente de Tacuarembó vetó un decreto de la Junta Departamental. La decisión del nacionalista Wilson Ezquerra generó controversia no solo por tratarse de un hecho inédito, sino porque el decreto en cuestión tenía carácter de resolución administrativa interna, por lo que el jefe comunal no tenía potestad constitucional para observarlo.
Además, el texto votado por los ediles fue alterado posteriormente por el presidente de la Junta, Juan Eustathiou, lo que derivó en un pedido de investigación administrativa. En este tema ahondó el periodista Diego Martini en su columna Desde adentro para Nada que perder.
El edil frenteamplista Mauricio Briante explicó que la Junta había aprobado “una modificación al artículo 1 del decreto 20 de 1990”, que cambiaba la forma de elección del secretario general.
Según detalló, se trataba de una resolución interna que no requería promulgación del Ejecutivo. “Nos enteramos a la semana siguiente que el acta fue alterada”, señaló, al tiempo que indicó que, donde decía “Comuníquese” se había incorporado la frase “Comuníquese al intendente para su promulgación”, lo que cambió la naturaleza del documento.
Briante sostuvo que “el intendente no puede vetar una resolución administrativa de la Junta, porque estaría violando un principio de independencia”.
Durante una conferencia de prensa, el intendente Wilson Ezquerra aseguró que su decisión de veto se basó en el asesoramiento jurídico y que no respondía a motivos políticos: “Acá no hay ningún tipo de consideración hacia la persona designada y tampoco ningún tipo de consideración política. Creemos que, en este caso, independientemente de otro tipo de consideración, lo importante es tener claro que el proceso seguido adelante no es constitucional”.
El sector nacionalista Correntada por el Cambio, opositor interno a Ezquerra, respondió mediante una conferencia en la que cuestionó la actuación del intendente y del presidente de la Junta.
Los dirigentes del grupo señalaron que “evidentemente, se llevaron un documento apócrifo de acá, un documento modificado”, y criticaron que el intendente saliera “como un gran padre, como un gran cura, diciendo poco menos que es el santo que va a defender la Constitución”. Además, explicaron que el sector de Ezquerra emitió un comunicado en el que tildaban de antirepublicana la decisión de la Junta.
“Si esto es antirepublicano y este tipo de procedimientos son antidemocráticos, logrando las mayorías en la Junta con trabajo, abriendo al secretario general para que sea electo por todos, entonces que venga Dios y me diga qué significa República”, dijo un edil de Correntada por el Cambio.
Una edila de ese sector también cuestionó la legitimidad del veto y la interpretación jurídica del Ejecutivo. Explicó que “los decretos jurídicamente tienen fuerza de ley en todo lo que es el departamento y son más bien genéricos”, mientras que las resoluciones “son más bien de carácter administrativas e internas de la Junta, como es en este caso”.
Según sostuvo, el envío del documento al intendente “era la única forma que tenía el Ejecutivo departamental de rechazar o de dar vuelta una votación que se obtuvo por mayoría”.
En su opinión, el Ejecutivo actuó “usando algunos tecnicismos jurídicos que están errados”, lo que demostraba “la falta de conocimiento y la falta de lectura por parte del ejecutivo departamental”.
El exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, calificó el episodio en declaraciones radiales como “la burrada jurídica más grande" que ha visto. Según señaló, la Junta notificó al secretario general cesado antes de que el oficio de la intendencia entre a la Junta y sea tratado y votado, lo que consideró un procedimiento “que no resiste el menor análisis jurídico”.
Por su parte, el dirigente nacionalista y excandidato a la Intendencia, Jhon Duhalde, interpretó el veto como una maniobra política. A su entender, Ezquerra busca “que el foco de la opinión pública se centre en el veto de él y en la Junta Departamental y no en lo más principal que está pasando hoy en el departamento”, que es la eventual formalización de Ezquerra por posibles delitos de conjunción del interés público y privado, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Duhalde sostuvo que “el intendente trata de desviar el foco de atención porque es evidente que existen muchas posibilidades de que sea formalizado” en el proceso judicial que enfrenta.