Tras la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de vetar parcialmente la ley que establecía plazos para el pago de créditos laborales a extrabajadores de Casa de Galicia, la bancada legislativa del Frente Amplio confía en revertir esta medida mediante una votación en la Asamblea General.
Al vetar la ley que establecía un plazo de 180 días para el pago de créditos laborales a extrabajadores de Casa de Galicia por unos US$ 20 millones, el jefe de Estado alegó "razones de constitucionalidad y conveniencia", sosteniendo que violaría artículos de la Constitución y afectaría la "contención del gasto público". Simultáneamente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto alternativo que propone el pago de hasta US$ 8 millones a los extrabajadores.
Tanto los extrabajadores como legisladores frentistas y oficialistas que votaron y aprobaron el proyecto están dispuestos a levantar el veto presidencial. La Asamblea General tiene 15 días para abordar el veto y para anular la decisión presidencial se requiere del votos de tres quintos de los legisladores presentes en ambas cámaras.
En una entrevista en el programa "Nada Que Perder" de M24, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry expresó la importancia de definir la fecha para tratar el veto, destacando su relevancia para los trabajadores afectados. Etcheverry afirmó que quienes votaron a favor del proyecto de ley están 'convencidos" de la necesidad de levantar el veto y que la postergación de sesiones ha generado una espera ansiosa.
"Quiénes votamos el proyecto de ley estamos convencidos de que hay que levantar el veto, que no se ha tratado por la postergación de sesiones. Estamos a la espera de que se defina la fecha con la mayor celeridad", indicó y señaló que hay trabajadores "que no tienen ingresos y están esperando hace meses".
La diputada argumentó que el veto se debería levantar, ya que la indemnización para los trabajadores de Casa de Galicia no presenta inconstitucionalidades y representa derechos adquiridos. "Estamos convencidos de que el veto se levantará porque la indemnización a los trabajadores de Casa de Galicia no tiene ninguna inconstitucionalidad, son derechos adquiridos que tienen los trabajadores y dineros que les debe el Estado", agregó.
Acusó al gobierno de evitar destinar más fondos para cumplir con los pagos correspondientes y sostuvo que los trabajadores, algunos sin ingresos desde hace meses, están sufriendo las consecuencias. "El motivo del veto es porque el gobierno no quiere poner más plata, no quiere pagar lo que corresponde", sentenció.
