Esta semana se conoció el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la compensación de 72.300 pesos mensuales que recibía, de la Intendencia de Lavalleja, Ariel García, el hermano del intendente Mario García, que había sido contratado como peón.
Fue el jefe comunal quien pidió a la JUTEP que analizara si había alguna irregularidad. El dictamen del organismo determinó que en este caso “no hay reproches legales” pues no existía una “relación de dependencia” dado que Ariel García no respondía al intendente sino al “responsable del Área de Descentralización quien, a su vez, reporta al secretario general de la intendencia”.
El fallo también sostiene que, según el artículo 13 del Código de Ética de la Función Pública, “se debe ser y parecer”, lo que implica “reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”.
Para analizar este fallo y saber su opinión al respecto, dialogamos con Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP entre 2017 y 2020.
“(El fallo) ratifica la preocupación por cómo se están considerando este tipo de temas. Conozco el fallo porque me lo trasladó un colega suyo, porque en realidad no se publican y me parece que la JUTEP debería ser, en temas de transparencia, un poco más clara, estos fallos habría que publicarlos para poder analizarlos en serio”
“Si yo tomara ese tema sí hay un conjunto de reproches legales para hacer porque la JUTEP se limitó a contestar lo que preguntó el interesado, que es si había problema con que su hermano trabajara allí, y le contestan que si hay mandos intermedios no se viola el artículos 36 de la ley de código de ética, pero se deja de costado que el intendente García asume el 27 de noviembre, el 30 ya traslada a su hermano y en diciembre le paga una partida de 72 mil pesos mensuales. ¿Eso se ajusta a la ley? No, la forma en que se hizo eso está violando formas específicas porque primero, fue designado como peón por designación directa cuando el estatuto de funcionarios municipales en Lavalleja establece que esos cargos se concursan. No lo hizo el intendente García, lo hizo la exintendenta Adriana Peña. Hay posibilidad de una excepción pero debe ser fundamentada y eso no ocurrió.
Y la partida de 72 mil pesos es por eficiencia, no es porque ahora tenga más responsabilidad, lo cual también sería dudoso. Los decretos de la junta departamental de Lavalleja establecen que la partida por eficiencia es porque alguien trabaja por arriba de la media, porque hace un esfuerzo especial. ¿Entraste como peón hace un mes y ya hiciste tanto mérito en tu trabajo como para que se justifique un incremento de tu sueldo de 72 mil pesos mensuales? Entonces, no se cumple con el concepto de eficiencia que tiene la propia junta departamental de la intendencia. O sea, se viola el principio de legalidad que está expresamente previsto en la ley 19.823, pero además no se dice porqué merece esa partida. También se viola otro artículo de esta ley que dice que los funcionarios deben motivar sus decisiones. Para rematarla, el Tribunal de Cuentas observó que se inventaran cargos por fuera del presupuesto, incluyendo el del hermano del intendente, y el intendente reitera el gasto sin fundamentar porqué cuando el artículo 111, si no me equivoco, del TOCAF dice que es imprescindible que lo fundamente”
“Se violan los artículos por los cuales hay que motivar las decisiones, se violan los artículos por los cuales tenés que conocer y aplicar las normas-el principio de legalidad-, hay implicancias porque se trata de tu hermano. Tenés que demostrar que el interés privado no primó sobre el interés público. Nada de eso lo analiza la JUTEP en este fallo, entonces me parece que decir que no hay reproches legales es centrarse en un arbolito de un bosque que es muy complejo”
“Creo que la pérdida de confianza de la ciudadanía, que es muy peligrosa y no deseable, se sustenta en este tipo de cosas”
“Creo que la resolución de la JUTEP sobre el Antel Arena es muy pobre, insuficiente, no está bien fundada y no hizo todo lo que tenía que hacer la JUTEP para investigar ese caso, pero lo hizo, y a los integrantes de la JUTEP hay que respetarlos. Decir que hay que consultar a un partido político en un organismo así es una barbaridad que mata la legitimidad de ese organismo”