El máximo jerarca de la custodia policial del presidente, acusado de falsificar cientos o miles de pasaportes. Vigilancia y seguimiento a un periodista. Sindicalistas de las fuerzas policiales dudan sobre espionaje en sus celulares. Un decreto que flexibiliza la política antitabaco a solicitud de Montepaz. Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el Gobierno de Luis Lacalle Pou no es claro en sus explicaciones.
Durante la conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio, este lunes 26, el presidente de esa fuerza política, acompañado por la vicepresidenta del partido, Verónica Piñeiro, y la senadora y coordinadora de bancada parlamentaria, Liliam Kechichian, calificó como grave la denuncia del periodista Gabriel Pereyra, quien confirmó con varias fuentes que los servicios policiales de inteligencia ordenaron seguimiento y vigilancia a su persona.
El titular del FA también recordó que el espionaje a partidos políticos durante la democracia es un hecho comprobado por investigaciones parlamentarias y judiciales. Estos hechos ocurrieron al menos hasta 2005, fecha final del informe del fiscal.
Por otra parte, el sindicato policial le pidió una reunión al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para tratar si los servicios de inteligencia hacen seguimiento de las llamadas telefónicas de integrantes de los policías sindicalizados.
Con el episodio del prófugo Sebastián Marset también faltó claridad por parte del Gobierno porque aún no se dilucidó el motivo por el cual se le expidió un pasaporte a una persona encarcelada en otro país por ingresar con un documento paraguayo falsificado. Marset es acusado de ordenar el asesinato de un fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci.
Sobre el caso, recordó que tampoco queda claro el vínculo entre la vicecanciller, Carolina Ache, y el abogado de Marset, Alejandro Balbi, sobre la gestión del pasaporte.
Y el jefe de la seguridad del presidente estaba en manos de un policía con al menos 20 indagatorias judiciales, información publicada en al menos tres medios de comunicación. Hoy esa persona está investigada por la policía por falsificación de pasaportes, estableció Pereira en la conferencia.
Por todos estos acontecimientos, “el Gobierno tiene la obligación de esclarecer hechos muy confusos” a la ciudadanía, subrayó Pereira. Mencionó el pedido de informes de los senadores frenteamplistas sobre el espionaje al periodista Gabriel Pereyra para adelantar que la fuerza política analiza el envío de otro pedido para conocer más sobre el caso de tráfico de pasaportes.
Pereira inquirió sobre la responsabilidad de la inteligencia uruguaya, que no interceptó la labor con pasaportes del jefe de custodia del presidente Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, a pesar de las más de veinte indagatorias. “Plantear que estamos ante un funcionario que cumplió de manera ejemplar la tarea…, no es lo que está sucediendo”, señaló el presidente del Frente Amplio.
