Vencido el plazo de la prórroga, 70 días después, la organización de Madres y Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidos finalmente recibió la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que había presentado al Ministerio de Defensa. Esto se da tras las declaraciones del entonces candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien había planteado en un encuentro con la organización que el gobierno había obligado a las Fuerzas Armadas a brindar información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
De acuerdo al comunicado del colectivo, esa “orden” a la que aludió Delgado fue dada por el entonces ministro de Defensa, Javier García, en 2021, y no por el presidente Luis Lacalle Pou, como había sido transmitido en la reunión con los entonces candidatos presidenciales. Además, se critica que se trató de una orden verbal dirigida únicamente al Ejército y no a las restantes armas.
Sobre este tema, el integrante de Familiares, Nilo Patiño, expresó en el programa Nada que perder que "si uno ve el contenido de la respuesta, se da cuenta por qué pasó esto”, refiriéndose a la demora en la entrega de información. Patiño enfatizó que en el comunicado oficial no hay una orden de Presidencia en ningún momento.
“El presidente no ordenó a las Fuerzas Armadas brindar información, como dijeron Delgado, García y después reafirmó el ministro Castaingdebat. Ni siquiera creo que exista una orden verbal. Lo que dice el comunicado de mayo de 2021, después de la entrega de documentos de Artillería N.º 5, es que si hubiera sido una orden del ministro, tendría que decir claramente ‘por orden del ministro’. Pero eso no aparece por ningún lado”.
El activista señaló que, si bien el gobierno ha mantenido el financiamiento para la búsqueda y ha proporcionado información que permite reconstruir parte del pasado reciente, “para la búsqueda de los desaparecidos no ha habido avances sustanciales. No han aportado datos ni documentos claves”. Además, subrayó que cuando se solicitan ciertos documentos, como el informe que Carlos Díaz y Pedro Barneix entregaron al comandante en jefe durante el gobierno de Tabaré Vázquez, no se entregan.
Patiño destacó que los actos del terrorismo de Estado fueron “acciones institucionales” y que las desapariciones fueron “planificadas por los comandos de la época”, por lo que debieron quedar registradas. “Hemos logrado reconstruir casos gracias a algunos documentos y testimonios, pero es necesario que las Fuerzas Armadas aporten información que claramente tienen guardada”, concluyó.