La Comisión Investigadora parlamentaria de supuestas licencias irregulares de la Fenapes en el periodo anterior hace algo “abiertamente ilegal” al tener como objetivo real el sindicato de profesores, que este lunes 6 presentó allí los documentos que desmienten las acusaciones oficialistas de falsificación documental para certificar horas sindicales, evidenciando “prejuzgamiento” de un gobierno que intenta “buscar rédito político” mediante “un circo con olor a proceso de lawfare”, acusó el presidente de la Fenapes, José Olivera.
Olivera destacó en INFO24 que la presencia de Fenapes en el Parlamento fue “importante para nosotros” porque “se pudo entregar documentación oficial que notifica a la Comisión, en última instancia, lo que hemos venido sosteniendo” sobre el uso de licencias para desplegar la actividad sindical.
“Está claro que el oficialismo ya tiene un pronunciamiento respecto a lo que se está investigando: son irregulares”, criticó el dirigente porque si bien la expresión “de apariencia irregular” sería “lo correcto”, es decir que “para eso se debiera desarrollar un proceso de investigación, aquí no, aquí se parte de la base de que ya son irregulares; entonces la pregunta que uno se hace es a dónde quiere ir el oficialismo si ya tiene un veredicto, si ya tiene un pronunciamiento sobre lo que está investigando; en última instancia, si tuviera la certeza de que esto es así, con ese pronunciamiento debiera haber ido a otros ámbitos, como el de la justicia, y no montar este circo, que tiene al diputado (Felipe) Schipani como el gran cruzado”, aunque a ese “circo se le va cayendo más el palo central”, ironizó el dirigente de los profesores.
“Ayer se entregó el acuerdo que se nos pidió por escrito, se fundamentó que no existen certificados como dice el diputado Schipani, que hasta hace muy poquitos días seguía hablando de certificados truchos, falsos o apócrifos; ayer se dejó en evidencia el talante del oficialismo, donde la propia diputada Roselló, por citar un caso, desde su red social Twitter nos trata de ladrones, de delincuentes, de que somos culpables; el propio hecho de pretender borrar las actas” de la sesión parlamentaria se suma a aquello, así como “la prohibición a dejar entrar a la secretaria general del sindicato, que fue convocado por la Comisión; lo que ayer quedó claro fue que no comparecimos en calidad de funcionarios públicos, no comparecimos a título individual” sino que cuando se lea “la versión taquigráfica se va a poder comprobar” que ayer Olivera concurrió “en calidad de representante, nada más ni nada menos que de presidente de la Federación Nacional de Profesores, que es el objeto” real pero no declarado “de la investigación”.
Esto último “es abiertamente ilegal, viola claramente el artículo 26 de la propia Ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias; e incluso, como lo dejamos a texto expreso también ayer, violenta algunos principios básicos establecidos” en dos “convenios de la OIT, que fueran ratificados hace ya muchos años por el Uruguay (….); cuando se conozca el contenido de la versión taquigráfica, muchos de los relatos que se intenta imponer por parte de quienes hacen el proceso de persecución político-sindical van a caer por su propio peso”, pronosticó.
Después el presidente de Fenapes describió detalladamente las “cuatro cosas que efectivamente le preocupan hoy al oficialismo” en torno al asunto como para pretender eliminar las actas de la Comisión; luego apuntó hacia “las diferencias” con el caso “de la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo, donde estaba involucrado el diputado Germán Cardoso: se hablaba de ´apariencia irregular´” mientras que en la Comisión sobre las licencias sindicales “se define que lo que se está investigando es ´irregular´; entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿cómo el Parlamento, que no tiene capacidad jurisdiccional salvo en el caso de juicio político al presidente de la República, lleva adelante una investigación sobre organizaciones sindicales, que son personas del derecho privado, cuando sí tenía claro que es un acto irregular? ¿Por qué no lo pasó inmediatamente a la justicia, que sabemos que es donde se va a terminar? Porque sabemos que ese es el fin último que persigue el oficialismo, pero no montemos todo este circo, que obviamente tiene más olor a un proceso de lawfare: judicializar, por parte del organismo que no tiene competencia jurídica, un elemento de carácter político para buscar rédito político”.
Olivera lo ejemplificó citando un tuit “del 16 de mayo (…) de la diputada María Eugenia Roselló que dice: ´Fenapes Uruguay no tenés vergüenza, cuánto daño le hacen a la educación, al sindicalismo y sobre todo a los estudiantes; son corruptos, son culpables, la verdad se sabe siempre´; ¿es posible dialogar con un Parlamento cuya constitución tiene elementos de este tipo?”, se preguntó al aire el dirigente docente; “¿es posible dialogar con un Parlamento, o parte del mismo, que tiene ya un prejuzgamiento en torno a un tema que está investigando? Entonces no es que los canales se hayan roto ayer” sino que “hay una intencionalidad de romper esos canales para liquidar al otro; acá el problema central que está instalado es el de las nuevas formas y métodos de la eliminación de cualquier voz discordante u opositora a los planteos del gobierno”, acusó y agregó que es lo mismo “que está pasando con la compañera Mabel Mayo, presidenta de AFUTU; (…) estas son las nuevas formas de persecución político-antisindical” y, por lo tanto, “el problema acá es la violencia institucional que se está ejerciendo sobre las organizaciones sindicales por una parte del gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo, tanto desde el Parlamento, como también lamentablemente desde las autoridades de la Educación”, fustigó Olivera.
Y aunque el gobierno “ha llegado a confrontar” con las organizaciones sociales “en las urnas”, en donde “le ha ido muy mal”, tal como “quedó demostrado en la elección del 30 de octubre” para elegir representantes docentes en el Codicen y también “en la última elección del BPS el 28 de noviembre, esto no quita que haya una intencionalidad de buena parte de actores del gobierno (…) de ir por la línea de la confrontación; este es el Uruguay que nos están proponiendo, nosotros creemos que alguien y en algún lado debe rever esta estrategia de la confrontación, (…) abandonar esta política de aplicación de obediencia institucional que busca eliminar cualquier voz discordante, discrepante con los planteos del gobierno”.
