Tampoco se consideró pertinente abrir una investigación por lavado de activos, ya que “no existen elementos que permitan aseverar la existencia de hechos con apariencia delictiva” ni delitos precedentes que justifiquen esa línea de indagación.
El fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, resolvió archivar la investigación iniciada tras la denuncia presentada por 12 clubes del fútbol uruguayo contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
La denuncia había sido presentada en setiembre del año pasado por los clubes Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Mar de Fondo, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo.
Los dirigentes señalaban supuestas “inconsistencias” en los balances de la AUF, que implicarían un presunto desvío de 25 millones de dólares enviados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El caso incluyó una investigación vinculada a una presunta duplicación de garantías por parte de la AUF en una línea de crédito de 9 millones de dólares.
Durante más de un año, la Fiscalía analizó informes técnicos, contables y jurídicos del BROU y de la propia AUF. Según el dictamen, estos documentos permitieron “aseverar que no existen hechos con apariencia delictiva que ameriten continuar la investigación”.
Según la resolución de Rodríguez, la “AUF brindó satisfactoriamente todas y cada una de las interrogantes dadas a los contadores, incluso aquellas explicaciones que no parecían claras, demostrándose todas con la respectiva documentación resguardada en legajos”.
El fiscal concluyó que no hay elementos para sostener que se cometieron delitos. “No se visualizan hechos delictivos, ya que no se constataron falsedades documentarias, maniobras de estratagemas o engaños artificiosos al BROU por parte de algún involucrado en particular, ni apropiación de dineros personales en los denunciados o terceras personas”, afirma el dictamen.
Tampoco se consideró pertinente abrir una investigación por lavado de activos, ya que “no existen elementos que permitan aseverar la existencia de hechos con apariencia delictiva” ni delitos precedentes que justifiquen esa línea de indagación.
Rodríguez remarcó que, para sostener una imputación penal, “no solo deben existir hechos claramente de incidencia delictiva, sino que ellos deben ser susceptibles de ser atribuidos -más allá de la duda razonable- a imputados en forma clara, contundente y diáfana. En los presentes hechos, ello no se visualiza”.