La bancada bicameral del Frente Amplio volvió a presentar una serie de medidas para enfrentar la emergencia sanitaria y disminuir la movilidad, en el marco de una nueva instancia de intercambio en la Comisión del seguimiento de la pandemia del COVID-19.
En diálogo con El Menú del Día, el senador del Partido Socialista Daniel Olesker dijo que las medidas que presentaron tienen relación con las anteriores pero en un contexto diferente. Señaló que lo primero que hay que hacer es lo que dijo el GACH el pasado 7 de febrero, reducir la movilidad.
Dentro de las medidas sanitarias plantean reducir la movilidad por un mes, que se priorice la vacunación a las personas con comorbilidades, que haya un plan de atención para patología no covid y que haya una revisión de los protocolos en el trabajo.
La coalición de izquierda volvió a plantear la “renta básica de emergencia” que contenga un subsidio adicional a hogares que cobran TUS, AFAM y canasta para alcanzar un ingreso mensual de un salario mínimo líquido. En el caso de los que cobraron seguro de paro por valor menos a un Salario Mínimo Nacional (SMN) se compensaría por la diferencia con un SMN.
En Vivienda, proponen suspender los desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días, diferir intereses de cuotas hipotecarias, subsidio al alquiler y suspender cortes de luz, agua e internet a aquellos trabajadores en seguro de paro y hogares que reciban el ingreso básico de emergencia.
Respecto al empleo y la seguridad social, plantean flexibilizar plazos de acceso al seguro de paro, eliminar la reducción del pago manteniéndola en 66%. Para los trabajadores con multiempleo, cobrar lo correspondiente al empleo perdido. También presentan otorgar a través del seguro de enfermedad, licencia especial con goce de sueldo por 6 semanas, y quienes estén en seguro por enfermedad tengan derecho a percibir el subsidio desde el primer día de cuarentena.
Por último hacen hincapié en el adelanto de inversión pública, desarrollando un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública de los próximos años para impactar rápidamente sobre el empleo y las compras públicas.
