Inoportuna, economicista y con un problema mayor al final, fueron los conceptos críticos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) endilgó a la sindicatura que en menos de un mes decidió el cierre de actividades de Casa de Galicia. También remarca los “cuantiosos honorarios fijados por la sede judicial en favor de la Liga de Defensa Comercial”, de donde provienen los síndicos.
Los fundamentos de la decisión judicial, la actuación de la sindicatura y la falta de claridad en las sentencias interlocutorias sobre rol y potestades de una intervención determinaron el fin de las actividades de Casa de Galicia, señala el escrito publicado por el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, en su cuenta de Twitter.
Pero también critica que el proceso que retiró a los interventores del ministerio e instaló a los síndicos del sistema judicial finalizó con los servicios de salud prestados por el Estado y los trabajadores de la mutualista cesada. El documento remitido a la sede judicial tiene la firma del director de los Servicios Jurídicos del MSP, Martín Thomasset.
Rechazó “con firmeza” la acusación de falta de compromiso por parte del MSP. El texto resalta que la sede judicial entendió que la intervención ministerial carecía de objeto una vez instalada la sindicatura y añadió que no hay marco legal para el mantenimiento de los interventores.
Aseguró que el equipo de síndicos eligió un modelo de gestión “mediático” que fue criticado por las autoridades del MSP a la Liga de Defensa Comercial, organización a quien responden los síndicos. También describe de forma negativa otras decisiones de los síndicos, como el despido del equipo técnico.
De cualquier manera, la situación actual de Casa de Galicia fue endilgada a la administración de la mutualista antes de la intervención ministerial. El abogado recordó los apoyos económicos estatales dirigidos a la ahora institución cerrada y la falta de cumplimiento de los planes de reestructuración que ella misma presentó.