Gobierno admite que eliminar mezcla de biodiésel con gasoil aumentará las emisiones de carbono y afectará a ALUR

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El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini defendió el proyecto de Rendición de Cuentas, aunque admitió que «evidentemente, hay una reducción en la mitigación en las emisiones» de dióxido de carbono.

El proyecto de Rendición de Cuentas establece la eliminación de la obligación de la mezcla de combustibles con biodiesel. La Ley Nº 18.195 de Agrocombustibles aprobada en 2007 en acuerdo de todos los partidos políticos, establecía un mínimo de mezcla de biodiesel de 5% en los tanques de gasoil 50 S.

Con esto se pretendía «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático».

Este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, defendió la propuesta del Ejecutivo.

Según la versión taquigráfica a la que accedió M24, Paganini argumentó que «un costo importante que estamos sobrellevando es la mezcla de biocombustibles que, como tal, fue una herramienta interesante para disminuir las emisiones y dinamizar ciertos sectores de la actividad en algunos lugares, pero después de años de análisis es bastante evidente que tiene sus costos».

Señaló que «si esta mezcla no se realizara, no afectaría la materia prima del productor porque el mercado absorbería el precio de esta materia prima, debido a la demanda internacional que existe».

Argumentó que esto afectará «a una unidad productiva restringida o reducida dentro de Ancap, a ALUR, que tiene una plantilla bien reducida y cuenta con un proveedor que le da un servicio y que para él es una de las tantas cosas que forman su cartera de facturación,  pero como toda empresa privada también tiene dinamismo para reubicarse y manejarse en otra dirección».

Para el ministro «es positivo eliminar la mezcla», ya que redundará «en un impacto mejor sobre la producción del país en general, sobre el transporte y muchísimos servicios que afectan a todos, redunda en la creación de más riqueza e, inclusive, en la ampliación de áreas de siembra y demás».

Sin embargo, señaló que «evidentemente, hay una reducción en la mitigación en las emisiones que había al mezclar menos biocombustible y aumentar la producción de gasoil en esa proporción». Para «mitigar este efecto» el Ejecutivo propone aumentar el tope legal de la mezcla de etanol, explicó.

Luego Paganini dio «tranquilidad a los señores senadores que los estudios que manejamos en el ministerio con respecto a los indicadores de emisiones por PBI –que son los indicadores comprometidos en su momento en la COP21 para cumplir en el año 2025–, en lo que refiere a la eliminación de biodiésel, con lo ya realizado, igual quedamos por encima del compromiso existente en relación con la tonelada de CO2 por punto de PBI».

El senador Alejandro Sánchez cuestionó que esto romperá «una certeza jurídica», y recordó que «la única aceitera que quedó viva en el Uruguay se llama Cousa».

Recordó que la aceitera tiene un contrato con el Estado uruguayo hasta 2027, y realizó una inversión de 50 millones de dólares «para construir una planta de biodiésel porque el Estado, a partir de los compromisos que había asumido y de una ley que había sido votada por todos los partidos políticos, iba a adquirir de alguna manera esas mezclas».

«Mi pregunta es cuánto va a perder el Estado uruguayo por rescindir este contrato» por incumplirlo al cambiarle «reglas de juego» a una industria nacional.

«Más allá de que aquí se dice que se puede seguir mezclando aunque se elimine la mezcla mínimo, no sé si no vamos a tener que importar biodiésel para mezclar pues en Uruguay no vamos a tener en funcionamiento una planta de biodiésel», cuestionó.

Las «dudas» de Botana y la crítica al capitalismo internacional de Domenech

El senador blanco Sebastián da Silva defendió el proyecto oficialista, ya que bajar «el precio de los combustibles es imperativo para el Uruguay de la pospandemia, es muy imperativo», y se debe «bajar $ 1,50 el litro del gasoil; quizás eso no determine una competitividad sustantiva pero, por lo menos, junto con otras acciones que se van a llevar a cabo desde Ancap, vamos camino a tener combustibles más competitivos».

Al también nacionalista Sergio Botana el artículo le «genera muchas dudas», ya que no favorece a los cultivos, no disminuye las emisiones, y la «estrategia debería ir por otro lado, seguramente por la sustitución parcial de la flota por una flota eléctrica de modo que sea, esa sí, absolutamente limpia. ¿Abaratamiento? No; incorporamos encarecimiento».

Concluyó que «el único beneficiado por esta solución es la empresa con la que existe un contrato que se debe respetar», aunque «también tenemos como perjudicados a toda la producción del país, a todo el transporte nacional».

El cabildante Guillermo Domenech admitió que «muchas veces he pensado que el comunismo internacional pretendía destruir las empresas nacionales; ahora, a veces pienso que el capitalismo internacional también pretende destruir las empresas nacionales».

Señaló que el proyecto del gobierno «puede poner en jaque a la única aceitera del país porque, en realidad, no es solo que la pérdida de Ancap pueda significar a Cousa un quiebre en sus negocios, sino que, además, el negocio que hace con Ancap está vinculado a otros negocios que hace en la esfera internacional». Luego señaló que «si tenemos la sincera voluntad de bajar el precio de los combustibles, el Uruguay necesita una reforma tributaria».

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