El nuevo gobierno de Honduras que encabeza la presidenta Xiomara Castro enfrenta el gran desafío de desmantelar “el narco-Estado” organizado por el anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, quien podría ser extraditado hacia Estados Unidos al estar denunciado allí por narcotráfico y usando a las fuerzas armadas y a su propia colectividad, el Partido Nacional, explicó en ´Nada que perder´ de M24 el periodista hondureño Fernando Silva.
Silva destacó que “estamos viendo un momento histórico en Honduras” desde que “el domingo pasado asumió la Presidencia” de la República “Xiomara Castro, la primera mujer presidente de este país conservador” en el que “tampoco había gobernado nadie de izquierda; a partir del golpe de Estado de 2009 surge este nuevo partido político, Libertad y Refundación, comandado o dirigido por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, depuesto en el golpe de Estado” y cuya esposa es la ahora flamante mandataria.
Honduras registra “una de las mayores tasas de femicidios de toda Latinoamérica”, es un país “altamente conservador y religioso”, siendo por ello significativo que Castro “se presenta con una agenda progresista, con promesas como el aborto”, “derechos para las poblaciones de la diversidad sexual” y “los pueblos indígenas”, en uno “de los países que más atentan contra sus derechos” y donde “es más peligroso defender el ambiente”.
Durante el “tiempo político” previo al reciente ciclo electoral en el que Castro fue candidata presidencial del progresismo, “la gente ya había perdido la esperanza de que las cosas realmente podían cambiar”; sin embargo la presidenta electa “les devolvió esa esperanza con un discurso de conciliación, muy diferente al que ella misma había presentado” antes.
“Además un momento social muy difícil: cuando empezó la pandemia en 2020 los índices de pobreza eran de 60% y en estos dos años han aumentado al 64% de la población” que está “bajo la línea de la pobreza; y también el expresidente Juan Orlando Hernández con altas posibilidades de salir extraditado hacia Estados Unidos (EEUU) por las menciones que se le han hecho” en este país “en juicios contra narcotraficantes”, quienes “han mencionado que el presidente auspició o propició llevar drogas desde Honduras hacia EEUU a través de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y a través de su propia fuerza política; y eso sumió a Honduras en un narco-Estado; creo que eso es la máxima definición del momento político, que Xiomara Castro asuma es desmontar básicamente, o no, un narco-Estado, creo que esa va a ser la gran tarea quizá” de la presidenta.
Sobre los nombramientos del nuevo gabinete ministerial, Silva indicó que “la esperanza un poco choca con la realidad” porque contrario al perfil “feminista” asumido por Castro durante la campaña electoral, ahora “podemos ver que hay pocas mujeres”, que en principio serían “cuatro”; pero además es “muy importante mencionar actos de nepotismo, que se podrían denominar de nepotismo desde ahora, cosas que el mismo partido Libertad y Refundación había denunciado en su momento contra el Partido Nacional”, del cuestionado exmandatario Hernández.
Ahora la presidenta Xiomara Castro "ha nombrado a su hijo como secretario de Estado, y también a sus sobrinos”, como el caso de “José Manuel Zelaya Rosales, justo el mismo nombre del expresidente” y esposo de Castro, en el cargo de “secretario de Defensa; ahí tenemos también un clan familiar en el poder, porque ha sido un clan familiar el que ha dirigido el partido Libertad y Refundación, el clan familiar de los Zelaya” integrado asimismo por “una diputada, la hija de Xiomara Castro” así como por “el yerno” de ésta, que “está como secretario del Congreso Nacional”, describió el periodista; añadió el caso de “su hijo, que fue también el director de campaña” y tiene “vínculos muy fuertes con el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele”.
Silva detalló después el desarrollo de un conflicto institucional entre poderes del Estado que derivó de un acuerdo entre Castro y otro partido en torno a la designación de un cargo en el Congreso Nacional, pacto que también desencadenó un conflicto interno en Libertad y Refundación, que se saldó con la expulsión de 20 integrantes por decisión de la presidenta.