Mientras el novel canciller, Omar Paganini, destacó que el Gobierno encontró soluciones a 23 de los 36 cargos contratados de forma directa por el anterior presidente de la delegación uruguaya en Salto Grande, Carlos Albisu, el diputado frenteamplista Nicolás Viera subrayó que para el Frente Amplio fueron solamente 7 y reiteró el pedido de renuncia a todos los representantes uruguayos en el organismo binacional.
La comparecencia de Omar Paganini a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, este miércoles 13, sirvió para que los legisladores conozcan la situación en Salto Grande luego de un mes y medio de solicitar las renuncias de todos los cargos contratados de forma directa por Carlos Albisu.
Paganini reveló el inicio de auditorías por parte de la Comisión Técnica Mixta y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que serán entregadas en los primeros meses del próximo año.
También comunicó cuáles fueron las renuncias hasta el momento y cuáles fueron los cambios de contrato. Según expresó, fueron "23 soluciones" de los 36 cargos constatados como designaciones directas.
Pero el diputado frenteamplista Nicolás Viera indicó que, a criterio de la oposición, no fueron 23 soluciones sino solamente siete, entre ellos los renunciantes a ser empleados de la CTM, entre ellos el actual subsecretario Nicolás Albertoni y el presidente de la CTM, Nicolás Burutarán.
Los cambios de contrato son a término o condicionados al cese unilateral de Salto Grande. Sin embargo, Viera recordó que no fue eso lo que pidió el Parlamento sino el cese de los 36 designados.
Con la renuncia de Albisu, basta
Además, pidió la remoción de los tres cargos políticos en Salto Grande, pero el Gobierno declinó este camino "porque entiende que la responsabilidad política ya fue asumida por el presidente anterior, Carlos Albisu". Esta definición fue criticada por el Frente Amplio, fuerza política que reiteró el pedido de renuncia de este conjunto de cargos por designación política.
"Siguen tomando decisiones que incrementan el costo y el mal uso de los recursos públicos, hacen un convenio de pago que es prácticamente una ley mordaza a cambio de un aumento salarial único que ningún trabajador privado lo tiene, y en año electoral, ya que es un escándalo absoluto", sentenció Viera.
