El gobierno resolvió eliminar el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) del Mides y así “se resentirá muchísimo, sobre todo en aquellos barrios más vulnerados, la llegada y la utilización de oportunidades reales en acceso a derecho a la asistencia, a la Salud y a la Educación”, denunció en INFO24 el trabajador del Socat y vocero del Sindicato de Trabajadores de Instituciones Gremiales, Gonzalo Méndez.
Según se puede leer aún en la página web del Mides, “el SOCAT es un dispositivo que apunta a impulsar el desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local a través de la participación de vecinos e instituciones públicas y privadas, que tienen en común el hecho de trabajar o vivir en el mismo territorio”.
Al mismo tiempo, busca “ser un espacio de orientación a la población para la apropiación de los recursos existentes, de cara a garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Tienen a cargo la implementación de Servicios de Orientación y Consulta (SOC), a través de los cuales toman contacto con diversas necesidades en el plano individual, familiar, barrial o comunitario, realizando una primera recepción y posterior orientación para su resolución. Los SOC funcionan en locales de referencia comunitaria como escuelas, centros de salud, etc. o bien en espacios fijos de referencia”.
También operan en modalidades móviles, a través de recorridas barriales, visitas a los hogares, etc. Estos servicios tienen entre sus funciones la conformación y/o consolidación y gestión de la red social asistencial de protección de carácter local. Para ello “deben lograr canales fluidos de articulación con el despliegue programático y acciones regulatorias implementadas por el MIDES en el territorio, así como con los servicios desarrollados por otros organismos públicos”.
Méndez alertó que “en noviembre vamos a dejar de funcionar” dado que la decisión “está tomada” por parte del Mides, institución con la cual “tuvimos un convenio vigente desde julio de 2020 a julio de 2021; actualmente estamos sin convenio ni prórroga, y no hay partidas del Mides que permitan funcionar a nuestros servicios”; a éstos, “el Mides los pone en ejecución en convenio con organizaciones de la sociedad civil, que son muy variadas” y por ende implican “realidades bien distintas y no en todas se está pudiendo cobrar el sueldo”, por lo tanto “es una situación compleja”.
Alertó que “en noviembre comenzaría a funcionar una especie de programa que no es un programa, sustituye a los Socat, reduce la cantidad de horas de trabajo, se precariza la función, la tarea”. La consecuencia más grave de la decisión oficial y de dicha sustitución será una “pérdida efectiva de acceso a derechos sociales de las poblaciones; se va a resentir muchísimo, sobre todo en aquellos barrios más vulnerados, la llegada y la utilización de oportunidades reales en acceso a derecho a la asistencia, a la Salud, a la Educación; se va a dar una pérdida total en varias dimensiones, en un escenario de pandemia, donde aumentó el desempleo” y se registra “una disminución del salario real”.
Es decir, se configura una situación “de mayor presión hacia los servicios como el nuestro”, por lo que “no es un momento indicado para recortar la atención a la ciudadanía”. “Es una decisión que corresponde en parte a la improvisación general y a la lógica de recorte que se da en varios programas del Mides y en varios sectores del Estado”, señaló. “Los compañeros de los refugios están sin cobrar y los servicios de violencia también tienen sus dificultades”, avisó.
El entrevistado recalcó la advertencia de que “no es un programa lo que nos viene a sustituir” sino que lo harán “100 trabajadores a la intemperie, en formato unipersonal, sin una organización de la sociedad civil que sostenga su labor diaria con infraestructura; el trabajador va a tener que resolver los aspectos más básicos de transporte y locación para atender, realmente es un panorama muy crítico para desarrollar una tarea profesional”, cuestionó Méndez, confirmando a continuación que en el Mides les transmitieron que se trata de “una decisión tomada” respecto de la que “no hay vuelta atrás”.
