El gobierno usó su mayoría parlamentaria para que las firmas vendedoras de televisión por cable accedan también a vender banda ancha de internet. “Esto que se acaba de resolver en el Senado ataca o perfora directamente una de las líneas de negocio más importantes de Antel, que es justamente los servicios de banda ancha al hogar”, advirtió la secretaria general del Sindicato (Sutel), Florencia Leymonie, en Menú Informativo de M24.
Leymonie explicó que “el artículo vigente (56) de la ´Ley de Medios´ del 2014 establece la restricción de que si vos brindás servicio de televisión para abonados, o si tenés licencia” para venderlos, “no podés tener licencia de servicio de internet; eso corría para ambas partes, Antel incluso no se podía desarrollar en toda esa área de negocio por la misma restricción que no posibilitaba a los cableoperadores (…) brindar servicios de internet”.
Pero “la sustitución del artículo que se votó en el Senado hace abrir nada más ni nada menos que esa línea de negocio que hoy ocupa el 40% más o menos, y con una proyección considerable de crecimiento exponencial por cómo crecen y la incidencia de las telecomunicaciones en la vida de todas las personas; esa restricción se levanta abriendo esta línea de negocio”; además se hace “en un escenario donde Antel, de tener que competir con estos cableoperadores, ya viene en un proceso complejo de debilitamiento”.
La dirigente identificó en el Herrerismo al sector político más anti-estatista: “quienes han estado más reticentes con nuestras empresas públicas o quienes han tenido las iniciativas más ofensivas están ubicados ahí; (…) de hecho nuestro Sindicato siempre ha abierto el diálogo, hemos hablado con absolutamente todos los sectores de la coalición menos justamente con los que no quisieron recibirnos, como es el Herrerismo; (…) el Herrerismo es un sector de la coalición que no ha tenido interés, bajo ningún concepto, de intercambiar, de debatir o por lo menos escuchar los motivos por los cuales nosotros venimos denunciando, que no son caprichosos ni corporativistas”.
“En definitiva”, alertó Leymonie, “es un desmantelamiento de las distintas líneas de negocio, saboteadas a través de estos instrumentos jurídicos, legales, y las propias definiciones políticas, que no son menores tampoco”.