“Cuidar la plata de los uruguayos no tiene color político. Es un deber moral”, manifestó el prosecretario Jorge Díaz y añadió: “Que se investigue hasta el final. Nadie está por encima de la ley”.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron este viernes ante Fiscalía una denuncia civil y penal contra Cardama, tras constatarse “fuertes indicios” de “estafa o fraude” al Estado uruguayo en la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español.
La denuncia, que fue presentada sobre las 16:30 horas, pasará a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), que será la encargada de designar un fiscal a cargo.
“No tenemos una garantía porque, lamentablemente, tenemos una empresa que al parecer es de papel”, manifestó Sánchez a la salida de la sede fiscal, según consignó Subrayado.
El secretario de Presidencia aseguró que están denunciando “hechos” y que, luego, “la Fiscalía en su labor convocará a quien trajo la garantía, en este caso la empresa, y quien aceptó esta garantía, que eran seguramente los funcionarios públicos que actuaron en el otorgamiento de la garantía”.
En este sentido, consideró que fue “un profundo error de gestión” haberla aceptado, ya que para el gobierno hay “fuertes indicios” de que hubo “estafa o fraude” con la garantía de EuroCommerce ofrecida por el astillero español Cardama.
“Cuidar la plata de los uruguayos no tiene color político. Es un deber moral”, manifestó el prosecretario Díaz en su cuenta de X y argumentó que la denuncia se debe a “indicios graves” de fraude. “Que se investigue hasta el final. Nadie está por encima de la ley”, concluyó.
¿Qué pasó con la garantía?
“Hemos decidido hacer una denuncia ante la Justicia, en su fase civil y penal, ya que hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, había explicado el presidente Yamandú Orsi en conferencia de prensa este miércoles, luego de informar que iniciaría acciones para rescindir el contrato con el astillero español, firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Este jueves, en Nada que perder, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, repasó cuáles fueron esos indicios de fraude o estafa que quedaron al descubierto cuando se intentó ejecutar la garantía presentada por la empresa española Cardama encargada, contrato mediante, de fabricar dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya por un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Lazo recordó que ante la inminencia del vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato emitida por EuroCommerce Limited, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, se presentó días atrás en el domicilio de esta aseguradora con supuesta sede en Londres e iniciar su ejecución equivalente al 5 % de la obra. Sin embargo, en su lugar había una inmobiliaria y, según supo el gobierno, la empresa se encuentra en proceso de liquidación.
“¿Dónde están los cuatro millones de euros que debieron ser reembolsados en la garantía? Las patrulleras oceánicas de Uruguay no son un experimento a costa de los recursos del Estado”, reclamó Lazo en la entrevista.
El contrato inicial con Cardama fue firmado en 2023 por el entonces ministro de Defensa Javier García. Tras 11 meses de búsqueda de garantía por parte de Cardama, que no conseguía los avales bancarios que debía presentar para obtener la garantía de fiel cumplimiento a sus obligaciones, el contrato comenzó a ejecutarse con la firma del ministro interino Armando Castaingdebat.
A lo largo de ese proceso de 11 meses hubo reiteradas advertencias del Estudio Delpiazzo -que había sido contratado por Defensa para avalar el proceso- sobre las irregularidades de parte del astillero español y las garantías presentadas.
En noviembre de 2024, casi un año después del contrato firmado por García, Delpiazzo informó que EuroCommerce -falsa aseguradora, según constataría el actual gobierno- no lograba acreditar facultades para emitir la garantía.
En esa fecha, Delpiazzo también informó que, en los registros públicos de esa entidad, los representantes que figuraban no coincidían con el firmante de la garantía. La empresa que creó el falso aval fue establecida en 2022, año del inicio del proceso de licitación internacional para la construcción de las patrullas.