Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
En medio de la pandemia el Gobierno tiene como prioridad el ajuste fiscal, en lugar de atender las problemáticas económicas y sociales de los sectores más vulnerables, puntualizó el senador Mario Bergara. Añadió que en el mundo se están volcando una cantidad enorme de recursos para contrarrestar los efectos de la pandemia y organismos como la Cepal y el Bid colocan a Uruguay en los últimos lugares en la materia, "en una posición vergonzosa".
El 11 de marzo el Gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó el Decreto 90/020. La norma establece un recorte de 15% en gastos de funcionamiento e inversiones para la mayoría de los organismos estatales. Asimismo, también señala que las vacantes generadas hasta el 31 de diciembre de 2019 no podrán ser cubiertas, y que en 2020 sólo podrán ser provistas en un tercio.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió un instructivo para las empresas públicas que establece un ajuste en gastos operativos e inversiones y un criterio similar en materia de reemplazo de cargos vacantes.
El senador Mario Bergara se refirió en Info 24 a los impactos que tienen estas iniciativas en este año y su proyección hacia el presupuesto, dado que es uno de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para cada organismo.
"El recorte de gasto público al barrer, en el momento que se necesita que la economía siga funcionando, evidentemente es una mala noticia, a lo cual debe sumarse otras medidas como la rebaja salarial, la rebaja de pasividades y el desmantelamiento de varias políticas sociales", detalló el senador del Frente Amplio.
Asimismo puntualizó que los comercios y otros servicios, que son los principales generadores de empleo, han visto disminuir su demanda y, de erosionar la capacidad de compra de los uruguayos, difícilmente se puedan reactivar.
Por otra parte, Bergara recordó que el recorte presupuestal es previo a que explotara la situación de la pandemia. En tal sentido subrayó que la medida es consistente con los planteos de la campaña electoral de la coalición multicolor, que proponía una rebaja del gasto público de 900 millones de dólares anuales, como forma de ajuste drástico en el terreno fiscal.
"Desde el Frente Amplio respondimos que ese recorte no era factible sin trastocar y debilitar las políticas sociales, mientras que de la coalición multicolor se señalaba que eso no sucedería así", puntualizó el senador. Seguidamente añadió: "La vida demostró que, con o sin pandemia, las políticas sociales se están recortando en educación, en ciencia y tecnología, en salud, en vivienda y a través de un debilitamiento de los programas del Mides".
Por otra parte, el senador señaló que para combatir la pandemia los países han adoptado una política expansiva en materia de gasto, es decir han aumentado la inversión pública destinada a mantener las empresas y detener la pérdida abrupta de ingresos de los hogares.
Sin embargo, en Uruguay el Gobierno recortó 350 o 400 millones de dólares. En contraste, el gasto destinado a combatir la pandemia en el período marzo –junio totalizó 250 millones de dólares. Por consiguiente, el entrevistado subrayó que el Gobierno está realizando un ajuste presupuestal superior a los fondos que destina al combate de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Por otra parte, según detalló el senador el Gobierno ha desembolsado más de 1.000 millones de dólares en créditos contingentes que estaban pre contratados con organismos internacionales por el gobierno anterior. Añadió que también colocó en los mercados internacionales 1.500 millones de dólares, a tasas muy bajas. Por lo tanto, según el senador del Frente Amplio, el problema para desarrollar políticas sociales más potentes es una cuestión ideológica, no de financiamiento.
"O sea que realmente discrepamos totalmente con ese enfoque y seguimos planteando que el gobierno tiene que volcar más recursos en este momento sobre todo para atender los más vulnerables", apuntó Bergara. Recordó que el Frente Amplio mantiene su propuesta de garantizar un ingreso mínimo a las 300.000 familias más vulnerables, equivalente a un salario mínimo.
