Por Linng Cardozo
Desde el Lavajato, pasando por los Panamá Papers y los Pandora Papers, algunos estudios jurídicos y contables de Uruguay han alcanzado un bien ganado prestigio: asesoran a calificados clientes sobre como eludir controles impositivos o, incluso, como lavar guita sin que la operación tenga ni siquiera “apariencia delictiva”.
Lo novedoso -que habla del poder de estos calificados estudios – es la alianza con Google para limpiar de los motores de búsqueda cualquier mención a sus negocios non sanctos.
Para ser más claros: Google quitó de su buscador dos notas del medio digital uruguayo llamado Sudestada notas relacionadas con estudios jurídicos uruguayos. Se menciona al estudio del exministro de Economía Ignacio de Posadas por lavado y que recibió más de 260.000 dólares del exdiputado brasileño Eduardo Cunha, acusado de corrupción. Y la segunda nota habla del vínculo entre el estudio del abogado Óscar Algorta y un caso de corrupción de la empresa española Canal de Isabel II.
NO TODO SON ALGORITMOS
Todas las “casualidades” o “cuestiones aleatorias” que aparecen en nuestro celular o computadora responden a los algoritmos informáticos. En programación, se plantea el problema, se le encuentra solución (definen el algoritmo informático), y luego, a través del código establecido, se le indica a la máquina qué acciones quieren que lleve a cabo. Queda claro, entonces, que no todo lo que pasa es por los algoritmos. Hay una mano, un hombre o mujer, que dispone, decide y resuelve para donde va todo. (Recientemente en España se advirtió un sesgo de género en los algoritmos informáticos. O sea: es una mano masculina (el programador) la que trabaja, plantea los problemas con sesgo y los resuelve. Luego la máquina funcionará con ese sesgo o con esa intencionalidad.
En Google pasa lo mismo. Pero parece que es mas perverso aún: alguien puede denunciar que tal o cual nota afecta su buen nombre o reputación y si Google tiene ganas -o advierte que quien lo plantea no es un Carlitos cualquiera – se elimina del buscador la nota de marras.
Eso pasó con las dos notas de Sudestada. Un día, este medio digital uruguayo recibió un correo de Google -no fue una máquina, fue un tipo – informando que frente a una denuncia debieron bajar la info del motor de búsqueda. Sudestada solicitó saber los motivos y quien había sido el denunciante. El tipo -no el algoritmo – se negó a las dos cosas. “Anda a llorar al cuartito” parece haber dicho en inglés birmano.
Google, que se come los niños crudos, no dio espacio a una defensa previa ni dio garantías del debido proceso. Ante esa situación, Sudestada presentó una acción de amparo el viernes 19 de noviembre con el patrocinio del abogado Matías Jackson y el asesoramiento jurídico de Observacom.
Pero vaya casualidad de los algoritmos humanos: la censura de Google fue adoptada pocos días después del inicio de las publicaciones conocidas como “Pandora Papers”, una investigación periodística colaborativa a nivel mundial que reveló cómo políticos, empresarios y otras personas influyentes utilizan paraisos fiscales para lavar dinero. En dichas revelaciones, de un notorio interés público e impacto global, aparecen derivaciones de la investigación de Sudestada que fue censurada.
Según el escrito de Sudestada presentado ante el juez Pablo Benítez, titular del Juzgado Letrado en lo Civil de 20° Turno, la serie de publicaciones de “Pandora Papers”, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) comenzó el 3 de octubre, y en Uruguay las primeras notas se difundieron en el semanario Búsqueda el día 7.
El día 11 de octubre, Google notificó a Sudestada su decisión de retirar de sus resultados de búsqueda la nota titulada “Lava Jato: estudio De Posadas fue un centro de blanqueo de los sobornos”. (Un pequeño dato: cuando Búsqueda hizo el informe, llamo al Estudio De Posadas para solicitar su opinión. Le dijeron que no iban a hablar). En el informe de Sudestada, publicado el 1° de agosto de 2017, se indica que la Fiscalía brasileña afirmó en su acusación que el estudio tuvo una “actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado”. También se publicaron documentos que demostraron que el bufete había cobrado al menos 264 mil dólares del político derechista Eduardo Cunha, acusado de corrupción en el caso Lava Jato.
La decisión del buscador de censurar los contenidos, comunicada a través de un correo electrónico en idioma inglés, se basó en la presunta violación de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Según explica Google en su notificación, “La DMCA es una ley de derechos de autor de los Estados Unidos que proporciona pautas para la responsabilidad del proveedor de servicios en línea en caso de infracción de derechos de autor”.
El buscador aclara: “Estamos en el proceso de eliminar de los resultados de la Búsqueda de Google el material que presuntamente infringe los derechos de autor de otros. Si no lo hicimos, podríamos estar sujetos a un reclamo por infracción de derechos de autor, independientemente de sus méritos”.
La notificación refiere a un registro de la base de datos Lumen donde consta el supuesto nombre de la persona que realizó la denuncia. En este caso, figura como denunciante “Cindrel Kashawnu”, pero el mismo buscador de Google no arroja ningún resultado cuando se pone ese nombre. Tampoco dice cuál es la presunta infracción denunciada, ni da posibilidades de contestarla antes de la remoción del contenido, violando el derecho a la defensa. Cindrel se desintegró; no aparece.
GOOGLE Y LOS CHICOS MALOS
Google informó a Sudestada que si querían hacer una reclamación, mediante una “contranotificación”, habilitaba a que la demanda se realice en Estados Unidos y no en Uruguay.
“Tenga en cuenta que se le pueden exigir responsabilidades por perjuicios (que pueden incluir el pago de costas procesales y honorarios de abogados) si denuncia sin fundamento que el contenido se ha retirado o inhabilitado por error o porque se identificó incorrectamente. Por lo tanto, si no sabe con seguridad si un determinado material infringe los derechos de autor de otros, le sugerimos que busque asesoramiento legal antes de presentar la contranotificación”, advierte Google. O sea: advierte un fulano de Google y no un algoritmo que ojo al gol, que la demanda te puede salir un ojo de la cara.
La lógica de Google es esta: la demanda de la víctima se remitirá al demandante original. O sea que el denunciante original conocerá el nombre y procedimiento de la victima, pero la víctima no conocerá al censura del contenido debe aceptar una última imposición: “Acepto someterme a la jurisdicción del tribunal federal del distrito judicial en el que resido (o el distrito norte de California si mi residencia se encuentra fuera de Estados Unidos)”. Esa tesis fue defendida en Uruguay por los abogados uruguayos de Google, que pertenecen al estudio Giménez de Aréchaga, los mismos que patrocinaron la compra por parte de Google de varias hectáreas en la Zona Franca de las Ciencias, en Canelones.
JUICIO EN URUGUAY
A pesar de estos riesgos, y de la falta de garantías de un proceso justo, Sudestada decidió apelar por la remoción de su investigación del buscador de Google, hecho que se produjo cuando el tema del uso de guaridas fiscales para ocultar dinero había vuelto a la agenda pública.
La acción de amparo buscaba restituir “de manera inmediata los contenidos desindexados y se ordene la adopción de medidas de no repetición de violación de derechos humanos y garantías procesales aquí afectados, respecto de futuras denuncias contra el medio y el periodista”.
“No puede ser que (Google) esté exonerada del control judicial nacional porque ello equivaldría a denegar el acceso a la Justicia a los miles de usuarios que utilizan su servicio” en Uruguay, argumentó el abogado Matías Jackson.
Eso fue la semana pasada. Cuando Sudestada inició la demanda, nuevamente los estudios jurídicos aludidos en las notas adquirieron visibilidad pública. O sea: habían pedido que se sacaran las notas del buscador, pero el escandalete los devolvió al escaparate público. Fue peor. Entonces, como por arte de magia, los algoritmos humanos de Google, volvieron a colocar las notas en el buscador. Como si nada hubiera pasado. (Y había pasado: entidades de diversos países, en favor de la libertad de expresión, se solidarizaron con Sudestada).
El lunes pasado, el juez se expidió sobre el pedido del portal periodístico. Más allá de que el cadáver ya no estaba -la censura sobre las notas había desaparecido – el magistrado se expidió. ¿Qué hizo? En el fallo del juez Pablo Benítez, se aceptó la excepción por falta de jurisdicción interpuesta por la defensa del gigante de Internet, por lo que el medio que produce y publica en Uruguay debería presentarse ante los estrados españoles para defender sus derechos. (Esto es interesante: el juez informa indirectamente que la denuncia contra Sudestada fue realizada en España, elemento este que no fue confirmado en el juicio; mas bien que se evitó). El juez asumió que es “legítima la discusión acerca de la legitimidad de medidas que, siendo dispuestas por las autoridades estatales o por los propios administradores del buscador, establezcan la remoción temporal o definitiva de vínculos o enlaces de carácter informativo o de cualquier otra índole”.
LOS VALORES DE DE POSADAS
Lo curioso es que una de las notas censuradas por Google menciona al estudio Posadas, Posadas y Vecino. Como la gente es mala y comenta, se especula en la City montevideana que la denuncia provino de un estudio con sede en el barrio de Carrasco.
Es entonces que -como lo mencionan en una nota de Sudestada – el estudio de De Posadas es apuntado como la mano negra detrás de Google.
No creo que sea así. En su sitio web el mencionado estudio habla de “Responsabilidad Social Empresarial. ¿Y que es la RSE para De Posadas? “Es vivir y trabajar de forma consistente con nuestros valores. Nuestra premisa es desarrollar acciones que nos permitan devolver a la sociedad lo que ésta nos brinda. La RSE se desarrolla en línea con los valores que guían nuestro trabajo. Las acciones que se realizan están enfocadas a cuatro temáticas: la niñez, el arte, las personas privados de libertad y el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores. Somos un equipo con propósitos empresariales donde lo profesional y lo humano son carriles inseparables por donde transitar, y el involucramiento con los proyectos de RSE comienza con la participación de los socios del Estudio y de sus colaboradores.”
La notificación enviada por Google -instigada por los “afectados” de traje y corbata – “implica una violación de varios derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia, el debido proceso y también la libertad de expresión. También implica una afectación al medio a difundir información de interés público, especialmente relevante en el actual contexto global”, dice Sudestada en su escrito. O sea: lo que pide Sudestada es poder ejecutar otra forma la Responsabilidad Social y trasmitir esos valores.
