Tanto empresarios como trabajadores coindicen que el sistema político no quiere jugarse para ningún lado.
El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC), Ignacio Asumendi, aseguró en diálogo con El País que la negociación colectiva se encuentra "empantanada” y hay temor de que "se pierda otra vez la oportunidad de atacar” un problema que arrastra el sector desde hace tiempo, la informalidad laboral y la falta de control del Estado.
Uno de los temas que enlentecieron la negociación tiene que ver con la forma de pago. Desde el ITPC se plantearon tres opciones. Pagar un jornal básico más un porcentaje por tipo de flete sobre una tarifa de referencia que represente los costos; pagar el jornal básico más un pago condicionado a los kilómetros del viaje realizado; o una escala salarial de acuerdo a las horas conducidas diferenciadas de las horas de espera.
Al día de hoy, al chofer se le paga por hora trabajada.
Los empresarios señalan que debido a las “ineficiencias de la cadena logística en Uruguay”, se da una cierta cantidad de horas de espera y como los transportistas no pueden pagar todas las horas - entre las que efectivamente se realizaron más las que son consideradas improductivas - se acuerda formas de pago por fuera de la norma.
Asumendi dijo que el sindicato se opuso a los plantetos y tampoco presentó una alternativa.
Para el coordinador general del Sindicato Único del Transporte de Carga (Sutcra), Marcos Lombardi, "la negociación siempre termina en contra del salario del trabajador”, según consigna el matutino.
Lombardi dijo que los trabajadores quieren negociar un nuevo esquema de pago salarial, aunque aclaró que “el problema está en que los empresarios quieren condicionar este tema a toda la negociación salarial y nosotros pensamos que no pueden estar atado, tenemos diferencias en el orden de discusión de los temas”.
El sindicato propone primero acordar una forma de pago “universal para todo el sector” y luego definir las particularidades del sistema de liquidación salarial.
Pese a estas diferencias entre la gremial empresarial y el sindicato, ambos coinciden en que desde el sistema político no existe voluntad para resolver este problema.
“El gobierno no quiere complicarse con el tema y no quiere tomar partido", manifestó Asumendi a El País.
Por su parte, Lombardi sostuvo al medio gráfico que "el Estado no da respuestas".