En el marco de las resoluciones firmadas por el presidente Luis Lacalle que habilitan a que cinco cables privados de Montevideo y el interior puedan brindar el servicio de Internet, un grupo de asesores en la materia le acercó al senador del Frente Amplio (FA) un proyecto de artículo de reforma constitucional.
La semana pasada el mandatario firmó cinco resoluciones que autorizan a empresas de televisión por cable a ofrecer servicios de internet. Las empresas que ahora cuentan con la habilitación son Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA); Korfield y Praimar. De esta manera Antel pierde el monopolio en Internet al hogar.
Bajo este escenario, un grupo de asesores en telecomunicaciones le presentó al Movimiento de Participación Popular (MPP) y al FA, una propuesta de artículo de reforma constitucional a la que accedió el portal de M24, en la que se señala que "las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación son vehículos imprescindibles para la efectividad de todos los derechos incluidos en esta Sección y plataforma para el desarrollo nacional y soberano".
En este sentido en el planteo se asegura que "el acceso a las telecomunicaciones/TICs, incluyendo Internet, constituye un derecho humano fundamental".
El argumento de la propuesta subraya que "la política nacional de Telecomunicaciones/TICs estará basada en: El despliegue de las redes de telecomunicaciones se realizará en equilibrio entre el cumplimiento del mandato de efectividad del derecho a las telecomunicaciones/TICs de toda la población y las necesidades del desarrollo nacional soberano a través de las diferentes políticas públicas productivas".
Además, expresa que "no habrá diferencias de precios por servicios en función de la ubicación geográfica, acudiéndose a la técnica de los subsidios cruzados entre diferentes servicios y entre diferentes áreas geográficas".
“Se adoptarán las más modernas tecnologías de telecomunicaciones, en cumplimiento de la progresividad de los derechos en la materia, a través de Planes Nacionales que serán públicos y elaborados participativamente", prosigue el documento.
Asimismo, el grupo de asesores apunta a que "el servicio de acceso a la infraestructura que hace posibles las telecomunicaciones/TICs, incluyendo Internet, será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales" y que también "se atenderá tanto a la universalización del acceso a las redes como al desarrollo en materia de uso de las mismas, determinándose metas de mejora en la calidad de uso mediante la generalización de los usos educativos, sanitarios, de gobierno electrónico y de incorporación de tecnología a la diversificación de la matriz productiva nacional".
Los especialistas también plantean que "se adoptarán medidas de política nacional de telecomunicaciones para favorecer la producción y el trabajo nacional y la incorporación del mismo a cadenas regionales y globales de valor".
"Las decisiones de política de telecomunicaciones/TICs deberán alinearse a los imperativos de eficiencia energética y desarrollo ambiental. Se tendrá en cuenta, en todas las etapas de formulación e implementación de la política de telecomunicaciones/TICs a la perspectiva de género y generaciones", añade el texto.
Por otra parte, el documento establece que "las empresas privadas prestadoras de servicios de telecomunicaciones a la fecha al 1° de enero de 2011 podrán continuar prestando los servicios de telecomunicaciones a través de radiocomunicaciones que prestaban a la referida fecha, sin perjuicio de la posibilidad de que les sean revocadas las licencias y autorizaciones".
Además, los técnicos exponen en la propuesta que "el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público a ser administrado por el Estado a través de regulación de acceso igualitaria, que promueva el uso comunitario y priorice el acceso a frecuencias por parte de los medios públicos y a los usos vinculados a las metas de política pública".
Y concluye: "Los medios públicos pertenecen al Estado y no al Gobierno, por lo que garantizarán el acceso igualitario a todas las voces y puntos de vista, promoverán el desarrollo cultural, el fortalecimiento de la identidad cultural nacional y el fomento de las expresiones regionales y locales".
Ayer en el programa Lado B de TV Ciudad, el senador Sánchez recordaba que esta decisión del Poder Ejecutivo estaba siendo analizada por la Mesa Política del FA y en ese sentido opinó que "habrá que convocar nuevamente al pueblo uruguayo a defender, nada más ni nada menos que nuestro patrimonio".
El legislador frenteamplista adelantó que en un principio se realizarían acciones legislativas donde se solicitarán explicaciones y se denunciará lo que a su juicio no es sólo una política aislada".
"El doctor Julio María Sanguinetti dio una recomendación y parece que ser que se está llevando al pie de la letra. Dijo que a la gallina hay que desplumarla de a poco. Tenemos el proyecto Neptuno en el caso del agua; proyectos que tienen que ver con Ancap que están tratando de desmantelar esa empresa pública; proyectos que tienen que ver con UTE y ahora con Antel", agregó.
"Hay un plan y es desmantelar a las empresas públicas", alertó.
La opinión de la ONU.
En 2016 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”, en el que establece que el acceso a Internet es un derecho básico de todos los seres humanos.