Entrevistado en InterCambio el secretario general de FUCVAM, Gustavo González, fustigó el nuevo decreto reglamentario de la Ley 18.795 de la llamada ´Vivienda Promovida´, emitido horas atrás por el gobierno y que eleva aún más los topes a los precios de venta de una cantidad de unidades.
González criticó el hecho de que el contenido del decreto “empeora lo que ya era malo, al levantarles las topes” a los precios de venta de una parte de los apartamentos construidos bajo el paraguas de lo que hace una década se intentó fuera una oferta de ´vivienda social´, pero que nunca llegó a serlo.
“Esta es una ley” que otorga todos los beneficios posibles “al capital de la construcción”, al punto de que a “diciembre del año pasado”, el total de “las pérdidas” financieras del Estado por exoneraciones establecidas al amparo de este régimen, alcanzaba los “1.170 millones de dólares”.
Además, denunció el dirigente, “ahora, al dejarlo sin tope”, los empresarios del rubro de la promoción privada de la construcción “van a poder construir lo que quieran en cualquier lado”, sin la mínima obligación de hecho de hacerlo en zonas urbanizadas que cuenten con infraestructura de servicios.
En ese sentido, recordó que los promotores privados de la construcción le habían pedido esto mismo que fue decretado, al presidente Luis Lacalle Pou en un evento de campaña electoral realizado “en Punta del Este”.
“Acá el debate es qué esta primero, el capital o el trabajo que lo genera”, tal como simultáneamente “esta pandemia está demostrando esto” en forma masivamente visible. Lo ejemplificó señalando la decisión de “las cámaras de la construcción” de obligar de hecho a los trabajadores a reintegrarse.
También señaló que desde el gobierno “ya le rebajaron el 15% del presupuesto para 2019 a cada ministerio, y nadie está diciendo nada de esto” desde los partidos políticos. Por las decisiones del gobierno, las cooperativas que tenían previsto presentarse con sus proyectos hasta mayo, “pasaron para diciembre” y “todo se va corriendo” con gran incertidumbre.
Y como consecuencia de la resolución de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena “Arbeleche, al hacer un recorte del 15% sobre lo ejecutado en el año ´19”, su colega de Vivienda, Irene “Moreira va a tener que poner plata del monedero de ella para hacer algo” en esta materia.
Con ese panorama, caracterizó el entrevistado, “se está empezando a dar, con coronavirus o sin coronavirus, los recortes que ya estaban programados” a nivel de la coalición gobernante, recortes que asimismo “van a recaer sobre toda la Vivienda que produzca” o financie “el Estado”.
Todo ello agrava el impacto de la situación socioeconómica sobre los cooperativistas de Vivienda, siendo que “tenemos mucha gente en seguro de paro, o despedida”, razón por la cual “le pedimos” al gobierno “seis meses” de flexibilidad para el pago de las cuotas, pero “nos dieron dos”.
“En las últimas cooperativas” conformadas en la órbita de la Federación, “tenemos” hasta “el 40%” de miembros ganándose la vida en la economía informal. “Somos parte de la Intersocial, que está pidiendo una renta básica” para todas las personas que “no están en la economía formal”. A partir de esto, el dirigente se refirió a lo fácil que resulta hacer cuarentena “con la heladera llena” y las necesidades materiales básicas satisfechas.
Sin embargo, “increíblemente se dice que el gobierno tomó el camino correcto, yo creo que van al barquinazo” por la insostenibilidad socioeconómica de esta situación para vastos sectores de la sociedad.
Más adelante se refirió a los desalojos en general, tanto en pensiones como en terrenos, y explicó que “este comunicado” emitido hace algunas horas por FUCVAM “lo sacamos no solo por el desalojo del terreno” de Santa Catalina sino además “porque a las dos compañeras las procesaron”.
Apuntó contra las incongruencias “de la justicia uruguaya”, que procesa y amenaza con prisión a gente pobre por intentar resolver su carencia locativa mientras que mantiene al “genocida Gavazzo en prisión domiciliaria”.
Valoró como “un despropósito” que estando “en pandemia”, se desaloje y mande presa a personas sin techo que solo buscan la forma de garantizarse el derecho a la Vivienda que el Estado uruguayo no les garantiza.
Después, González habló de las necesidades de Vivienda de los inmigrantes y de la integración de algunos de ellos a cooperativas.
