«Hay una desintegración de la coalición de derecha producto de la baja popularidad del gobierno y de Piñera», politóloga Claudia Heiss

Foto : Neil Hall | EFE
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Ayer el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional y militarizó cuatro provincias de la región mapuche durante quince días.

En tanto, el mandatario puede llegar a afrontar un juicio político y es investigado por la Fiscalía tras las revelaciones de los “Pandora Papers”, que constataron irregularidades en la venta en 2010 del proyecto minero “Dominga” por parte de Piñera a Carlos Délano, un amigo de su infancia, en un paraíso fiscal. 

Por otro lado, a 40 días de las elecciones nacionales, las encuestas dan como favorito al candidato de izquierda del Frente Amplio, Gabriel Boric, muestran en segundo lugar al candidato de extrema derecha José Antonio Kast y exhiben un elevado porcentaje de personas indecisas.

Para profundizar sobre la situación política del país trasandino, fue entrevistada por Mejor hablar la politóloga chilena Claudia Heiss, jefa de carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política e investigadora en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social.

“Esto muestra una línea del gobierno de falta de diálogo, de incapacidad de enfrentar políticamente los conflictos entre el Estado y la ciudadanía. Es la misma reacción que hubo frente al estallido social, que fue la militarización. También ahí se decretó el estado de emergencia. Chile no había decretado estos estados de excepción desde el retorno a la democracia en el año 90. Solo habíamos tenido estados de catástrofe anteriormente por los terremotos o las inundaciones, pero los estados de emergencia, que son un estado de excepción mucho más político, más parecidos al estado de sitio y que permiten involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, no se habían decretado en democracia. Sin embargo, es la tercera vez que Piñera decreta un estado de excepción. Tuvimos el estado de emergencia después del estallido social de octubre de 2019 y en ese contexto se violaron masivamente los derechos humanos. Luego con la pandemia se decretó un estado de catástrofe que duró un año y medio y no tuvo suficiente justificación pública.

El estado de emergencia es un estado de excepción que puede decretar el presidente unilateralmente por quince días y puede renovarlo por quince días más. Hay bastantes razones para pensar que esto de ahora no es independiente de lo que está ocurriendo en el Congreso, que tiene que ver con las acusaciones contra el presidente. Justamente hoy se está presentando la acusación constitucional por las inversiones del presidente en paraísos fiscales. Hay incluso parlamentarios de su sector que podrían respaldar una acusación constitucional para destituir al presidente a pocos meses de que termine su mandato presidencial. Ha habido muchas acusaciones constitucionales en el congreso pero contra ministros, no contra un presidente.

De todos modos, es innegable que hay un problema grave en la zona sur y hemos tenido las últimas semanas paros de camioneros. Ellos en Chile tienen un enorme poder porque si se corta ese medio de transporte se produce el desabastecimiento. Y los camioneros del sur han parado por acciones violentas de algunos representantes de grupos mapuches que han atacado vehículos en el pasado; había aumentado la tensión en estos días. No quiero desmerecer la situación que se produjo en esa zona, pero la militarización no es la respuesta.

En la Araucanía el período de Piñera ha sido el peor período para el conflicto mapuche. Es un conflicto que existe desde siempre y es en los últimos años cuando hubo mayor violencia. Se han violado los derechos de los niños mapuches, de las personas de esa zona. Hay grupos que son violentes, pero la mayoría de quienes viven en esa zona no es violenta ni está de acuerdo con el uso de la violencia.

Estamos viendo una desintegración de la coalición de derecha producto de la baja popularidad del gobierno y del presidente Piñera. La unidad de la derecha está muy debilitada. Eso lo vemos hoy con las candidaturas presidenciales, cuando el candidato Sichel -que es el candidato oficialista, que ganó la primaria de la derecha- finalmente pierde apoyo por un outsider, con una persona que le compite por la extrema derecha que es José Antonio Kast. Hay que decir que incluso Sichel, que es el delfín de Piñera, ha golpeado al presidente, porque hoy día nadie quiere aparecer defendiéndolo.

La candidatura más peligrosa para Boric sería la de Provoste. Ella tiene el apoyo de la centroizquierda y el apoyo oficial del Partido Socialista, aunque hay algunos socialistas que, aunque su partido está con Provoste, han expresado públicamente que votarán a Boric. Creo que lo que le dificulta un poco la carrera a Boric es el temor de algunas personas de centro respecto a su alianza con el Partido Comunista que tiene posiciones en algunos puntos un poco diferentes que las del Frente Amplio, muy notoriamente en política exterior. Respalda a los regímenes comunistas o socialistas a nivel internacional que Boric no ha a apoyado. El Partido Comunista no ha reconocido violaciones de derechos humanos en sistema autoritarios de izquierda, en cambio el Frente Amplio y Boric sí. En términos de política interna también ha habido diferencias que se han notado más en la Convención Constitucional. Allí hasta ahora se han discutido las reglas de procedimiento, no ha empezado el debate sustantivo de la Constitución, que empezará el 18 de octubre. Pero en el debate reglamentario se produjo una suerte de fractura entre el Frente Amplio y sus aliados del Partido Comunista en varios aspectos, donde el Frente Amplio se mostró más inclinado a respetar las normas del acuerdo de noviembre, mientras que el Partido Comunista trató de empujar un poco más la participación social, de abrir a la consulta ciudadana, de generar mecanismos de plebiscito para agregar algo que no estaba en el acuerdo original. En estos temas el Frente Amplio votó más bien con la centroizquierda, con los herederos de la Concertación, mientras el Partido Comunista votó con los movimientos sociales. La pregunta es cómo funcionaría eso en un gobierno en conjunto”

 

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