El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, sostuvo que hubo una “pésima situación general de base” en cuanto a condiciones de vida y respuesta sanitaria.
El comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay, Juan Miguel Petit, presentó este jueves el informe sobre el sistema carcelario y medidas alternativas de 2021. Entre algunos de los datos recabados, se observó que el año pasado hubo un récord de 86 personas privadas de libertad que murieron en los centros penitenciarios; 38 más que en 2020 y 33 más que en 2010, donde se ubicaba el siguiente caso de mayor cantidad de muertes.
En la misma línea, el documento añade que del total de muertes, casi un tercio fueron por “fallas asistenciales ostensibles” o “negligencias”, y todo sin contabilizar la “pésima situación general de base en cuanto a condiciones de vida y respuesta sanitaria”.
Por otro lado, en cuanto a los tipos de muertes de los reclusos, el informe indicó que el 2021 fue el año con mayor registro de muertes violentas. De las 45, 21 fueron homicidios, 18 suicidios y 6 accidentales o causas violentas no aclaradas. Asimismo, hubo 41 muertes por patologías, causas naturales o indeterminadas y enfermedades, y 9 de ellas no contaron con la información suficiente para determinar la causa exacta.
Según el informe, “se aprecia una mayor participación” de las muertes naturales, algo que “debería ser motivo especial de preocupación”, y que se mantiene un porcentaje “inaceptable” de muertes cuya información disponible no permite concluir el tipo de deceso. De las 32 muertes naturales, 14 fueron por enfermedades infecciosas y 5 de ellas por coronavirus; el resto se dividieron entre patologías oncológicas, cardiovasculares, encefalopatías de Korsakoff y cuadros agudos de abdomen.
“Llama la atención el alto número de muertes de personas jóvenes por enfermedades infecciosas. Este dato general sugiere mal terreno biológico, malas condiciones ambientales en las cárceles y/o falta de tratamientos oportunos. En especial, las muertes por tuberculosis y por covid-19 parecerían indicar cierto nivel de fracaso de la protección de la salud y de la vida de las personas privadas de libertad”, observa Petit en el informe y acota: “El estudio individual de los casos reveló en siete de las muertes naturales (29 %) la existencia de manifiestas negligencias o fallas asistenciales con incidencia en el resultado letal”.
Por otro lado, las muertes de los reclusos varían según la unidad del penal en el que se encuentran. Por ejemplo, en la Unidad 4 de la Unidad Santiago Vázquez (ubicada en Montevideo) ocurrieron el 47% de las muertes violentas, mientras que en la Unidad 3, solo el 20% han sido por muertes violentas. “En estas unidades hay una importante sobre representación de los eventos violentos”, se aclara el documento.
“Respecto a las muertes violentas, en el 2021 preocupó especialmente su gran cantidad en el Módulo 3 (10 muertes), que revelan problemas estructurales serios para proyectar condiciones de alojamiento que cumplan con las Reglas Mandela (conjunto de normas mínimas creadas por las Naciones Unidas para tratar a los reclusos) y que ofrezcan posibilidades de reintegración social. También cabe señalar con preocupación las dos muertes violentas del Módulo 12, junto a otras dos de causas no determinadas que también ocurrieron allí, dado que se trata de un módulo pequeño (en el promedio de años estaban alojadas 25 personas) con mayores posibilidades estructurales relativas de supervisión e intervención institucional”, puntualiza.
Una situación crítica
El informe subraya que desde el año 2015 hubo una caída en la inversión del sistema carcelario, y que en conjunto con el aumento “sostenido” de reclusos, se generó una “situación crítica”.
Por último, detalla que el gasto mensual de cada recluso ronda en los $39000 pesos uruguayos (940 dólares aproximadamente). “Dejamos este monto para la valoración de cada uno, pero agregamos que el dato nos sugiere una pregunta desafiante: ¿No es posible destinar ese monto a entidades externas —centros terapéuticos en salud mental o de adicciones o de cumplimiento de medidas alternativas— para que en algunos casos se hagan cargo de la rehabilitación? Eso ya ocurre, aunque puntualmente, por orden judicial, pero sin aporte de la Administración”, concluye.
ARN