El Índice Chapultec que mide la libertad de expresión de los países de América Latina, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una gremial que reúne a los medios de comunicación escritos más importantes de la región, sostiene que "la aplicación de la nueva Ley de Medios puede representar una amenaza en la conformación y fortalecimiento de nuevos y viejos monopolios de medios como la radio, televisión abierta y para abonados".
Este informe que analiza el año 2024 en Uruguay señala que pese al buen clima que existe en el país en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión aún existe una "concentración de medios y las amenazas leves como discursos degradantes hacia los periodistas".
Asimismo, el informe indica un "aumento de la restricción a la libertad de prensa en la dimensión Violencia e Impunidad, reportándose diferentes actos como el discurso estigmatizante y las limitaciones al derecho de acceso a la información pública por parte del Estado uruguayo".
"El puntaje logrado por Uruguay en el Índice Chapultepec 2023-2024 es de 66,43 de un total de cien puntos, resultado que representa 3,3 puntos menos que el 2023 y un nuevo descenso del quinto al séptimo lugar en el ranking global, manteniéndose en la categoría de país con ―Libertad con baja restricción‖", añade el estudio.
Lo que explica esto es la calificación del país en cuanto a la "Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios", donde Uruguay registró una puntuación total de 21,15 sobre cuarenta de máxima.
"Esta dimensión incorpora las acciones u omisiones del Estado relacionadas con la protección de periodistas, la prevención de ataques y agresiones a comunicadores y medios de comunicación, el agravamiento de penas y la legislación en pro de evitar impunidad en caso de crímenes contra periodistas y medios", prosigue el informe.
En este sentido, el análisis apunta al entorno del ámbito legislativo como espacio desde donde se ejerce una influencia "moderada" sobre la prensa, algo que se registra por primera vez en Uruguay y que además es la mayor influencia en relación a la que se ejerce desde el judicial y el ejecutivo.
"Del total de los 41 casos, el 68,5 % (veintiocho casos) representa agresiones o amenazas desde el Estado, concentradas en figuras de agresiones y ataques (tres); incumplimiento de transparencia activa o pasiva, entrega parcial, incompleta u omisión (nueve); discurso de intimidación o estigmatización contra periodistas y medios (cinco), procesos civiles o penales contra periodistas (seis) y uso abusivo del poder Estatal (cinco)", afirma el informe internacional.