Voluntad anticipada: “Se requiere un Estado más presente, más garantista y con más servicios; no una Ley con mucha inequidad que regula para pocos” afirmó Lustemberg

Javier Calvelo | AdhocFotos

Por 54 votos en 94, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles de la semana pasada el proyecto de voluntad anticipada para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas, iniciativa presentada hace un año por las diputadas Nibia Reisch del Partido Colorado  y Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto.

La propuesta, que ahora será analizada en la Cámara de Senadores, habilita la internación compulsiva de personas con problemas de consumo de drogas que manifiesten su voluntad de forma anticipada.

El texto no fue acompañado por el Frente Amplio por entender que “crea falsas expectativas” mientras que algunos legisladores del Partido Nacional e Iván Posada, del Partido Independiente, tampoco lo votaron.

En diálogo con El Menú del Día, Cristina Lustemberg diputada frenteamplista por el sector P.A.R (Participar, Articular, Redoblar) dijo que este proyecto no resuelve el problema. “Nosotros estamos convencidos que desde este proyecto de ley no se resuelve el tema del consumo problemático de sustancias”.

Remarcó que ya existe un marco normativo que es la Ley de Salud Mental. “Acá lo que se precisa es más servicios para la atención del consumo problemático de sustancias” dijo Lustemberg y agregó que “no hay necesidad de legislar en este tema porque ya está previsto”.

Este proyecto de ley “genera falsas expectativas” porque es “impreciso y desactualizado” desde el punto de vista de la técnica legislativa, “carece de arbitrajes y de garantías” para las personas que están bajo consumo problemático de sustancias, al tiempo que “tiene graves problemas de legalidad” y a su vez “regula aspectos que ya están contenidos en la Ley de Salud Mental” afirmó la legisladora. “Este es un problema muy complejo, para los problemas complejos no hay soluciones fáciles” subrayó.

Indicó que este proyecto “genera una inequidad muy grande” porque protege a los que tienen recursos económicos para acceder algún servicio de desintoxicación o de rehabilitación, y le “saca la responsabilidad” al sistema nacional integrado de salud.

Manifestó que en ningún lugar del mundo “la internación de forma compulsiva” ha resuelto el tema por lo que considera que la “ley no resuelve el problema más importante que es disponer de más servicios, que estén garantizados por el sistema nacional integrado de salud”. Y remarcó que estos temas deben ser abordados “por todo el sistema político” y subrayó que el asunto “no se resuelve en el parlamento” sino en el “ámbito donde están los servicios”.

“Se requiere un Estado más presente, más garantista y con más servicios y no un Estado que con una ley, con mucha inequidad regula para pocos” sentenció.

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