El expresidente había afirmado que este documento “no era parte de un expediente”, sino que se trataba de “una hoja protocolizada por un escribano”.
La investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), realizada para determinar responsabilidades por la destrucción de un documento protocolizado que contenía copias de mensajes de WhatsApp entre los ex subsecretarios Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior), concluyó que dicho documento integraba un expediente de la Cancillería, en contradicción con la versión pública del expresidente Luis Lacalle Pou y de los exjerarcas involucrados: Francisco Bustillo y Carlos Mata, informó Búsqueda.
Esos chats mostraban que el gobierno de Lacalle Pou tenía conocimiento de que Sebastián Marset era un narco “pesado” y “peligroso” al momento de tramitarle el pasaporte.
El informe, que fue remitido al fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, detalla los movimientos del sobre con la documentación y atribuye responsabilidad al exjefe de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata, quien actuó por orden del entonces ministro Francisco Bustillo, en la extracción del material para llevarlo a la Torre Ejecutiva, donde posteriormente fue destruido por el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf.
“La prueba más rotunda de que el documento primario (con los chats) existió, es que formaba parte del expediente EM2022/06001/003498. Esto, desde el momento en que la doctora Ache ingresó el sobre como elemento físico al referido expediente, y por lo tanto el sistema de expediente electrónico Gex utilizado en el ministerio, registró ese ingreso, y registró también el movimiento de ese elemento físico hacia la unidad Secretaría del Ministro”, señala el informe, según informó el semanario.
El documento agrega que “resulta probado en la presente investigación, que el documento primario existió, que formaba parte del expediente, que fue elevado con dicho documento hacia la secretaría del ministro el día 24 de noviembre de 2022, y que dicho documento primario no fue entregado al juzgado correspondiente, porque fue extraído el 25 de noviembre de 2022 de la órbita de la Cancillería, con un destino para el que no fue creado, y nunca regresó al ministerio”.
La Cancillería resolvió además iniciar un sumario a Bustillo y Mata, quienes continúan siendo funcionarios de la secretaría de Estado.
Durante la investigación administrativa, tanto Bustillo como Mata declararon que el sobre con los chats no integraba un expediente. “No había ningún expediente… yo nunca vi un expediente, no lo recibí, solo recibí un sobre manila”, afirmó Mata.
Bustillo, en tanto, manfiestó que no recordaba si le había dado la orden a Mata de trasladar el sobre a Torre Ejecutiva y tampoco si el presidente Lacalle Pou se lo había solicitado. “Si el presidente me hubiera llamado para pedirme una copia de los WhatsApp, capaz que yo hubiera llamado a Mata para pedirle que los llevara. Por supuesto, cualquiera estaría dispuesto a llevarlo. Yo no lo recuerdo, no tengo ningún recuerdo de eso”, dijo Bustillo en la investigación administrativa interna, informó Búsqueda. También agregó: “Si no lo recuerdo, no me lo pidió. No me quiero poner a inventar. Yo no participé. Lo pudo haber hecho, pero no recuerdo que lo haya hecho”.
Esa versión coincidía con lo expresado por el entonces presidente de la República el 4 de noviembre de 2023, cuando en conferencia de prensa anunció las renuncias de Bustillo, el asesor presidencial Roberto Lafluf, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, tras las declaraciones de la exsubsecretaria Carolina Ache.
En esa ocasión, el presidente sostuvo que “esto no es semántico. No era un expediente, no era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano”.
En tal sentido, reafirmó: “Acá pido disculpas si no es del todo exacta la información. El expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación. Se termina de presentar esta documentación al otro lunes, con lo cual, insisto, no era parte del expediente”. “Verificamos en Gex y no, no era parte del expediente”, recalcó.
La investigación contradice esa afirmación y fundamenta su conclusión en declaraciones de testigos y documentos oficiales, que establecen que el material fue manipulado dentro de la Cancillería como parte de un procedimiento administrativo formal.
El informe interno fue elevado a la Fiscalía para que determine si la destrucción del documento podría configurar un delito, dado que el Código Penal establece sanciones por la “destrucción, supresión u ocultación” de documentos públicos.