Desde diciembre de 2022 la Comisión de Defensa de la Competencia analiza una denuncia entre emergencias móviles para determinar si hubo acuerdos en el sector, extremo que cuenta con indicios de este tipo de prácticas anticompetitivas, según la investigación.
La investigación comenzó con una denuncia de UCM de diciembre de 2022. La Comisión detectó que hay indicios de prácticas anticompetitivas desde hace años entre las empresas del sector emergencias médicas para repartirse “zonas geográficas y clientes exclusivos”, según publicó este martes 31 una nota de El Observador.
Frente a las investigaciones, relata la nota, algunas empresas optaron por negar los acuerdos y otras buscaron la suspensión del proceso porque entienden que la Comisión no es competente en la materia y que el caso debía resolverse en el Ministerio de Salud Pública. Además, SEMM y SUAT, las firmas que llevaron esta posición, subrayaron que UCM no tenía permitido denunciar porque fue quien “inició” los acuerdos que cuestionó después.
Esta suspensión de proceso fue rechazada por la Comisión porque los documentos no prueban que UCM fuera promotora de las conductas que denuncia. Por otra parte, los documentos presentados “solo evidencian la existencia de un acuerdo preexistente o entendimiento general previo entre las empresas que participan en la comunicación”, detalló la Comisión.
La coordinación de precios del carnet de salud o de las vacunas son algunas de las prácticas concretas que señaló la Comisión, pero insiste en que el acuerdo es más general y preexistente, con elementos probatorios que llegarían a los cinco años.
Según el artículo 14 de la Ley de Competencia, las sanciones pueden llegar como máximo a las 20 millones de unidades reajustables (unos 2,9 millones de dólares al cambio actual, según El Observador), al 10% de la facturación anual del infractor o al equivalente al triple del perjuicio causado por la práctica anticompetitiva.