Se trata de Pablo Fernández, jefe de SAME, donde es empleado de la empresa Solidar, un servicio de enfermería y acompañantes terapéuticos. Esta firma figura con el domicilio de ITHG, la empresa marítima que mantiene contratos millonarios con ASSE.
Este jueves el periodista Eduardo Preve que sale los martes en su columna La Tapadita por Nada Que Perder de M24, reveló que Pablo Fernández, el jefe de SAME 105 (Sistema de Atención Médica de la Administración de Servicios de Salud del Estado - ASSE-), contrata ambulancias y choferes para el organismo estatal en empresa Solidar, donde también tiene cargo de jefe.
Fue el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, quien firmó la designación de Fernández en función de adjunto a servicios de apoyo a SAME 105.
Además, Fernández es empleado en Solidar (domicilio Martín Correa 3535), donde también figura ITHG (empresa marítima), con contratos millonarios con ASSE.
💣FACHADA II
🔥Solidar es una SAS creada en 2020 para prestar traslado en ambulancias y en autos con chofer (servicios que contrata ASSE).
🚨Tiene la misma dirección de ITHG, empresa de proveedores marítimos con millonarios contratos con ASSE en esta administración. pic.twitter.com/lYogSSeYRN
— Eduardo Preve (@EPreve) December 28, 2023
Hace una semana atrás que desde el Frente Amplio (FA) se pidió al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, conocer cómo una empresa marítima sin habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) brinda traslado de pacientes en ambulancia a ASSE. Esta empresa terminó facturando alrededor de más de 1.200 millones.
“¿Cómo supo una empresa marítima que ASSE necesitaba ambulancias? Eso no se resuelve desde junio de 2021 hasta el día de hoy. Se sigue contratando a la misma empresa", advirtió la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.
En junio se habían realizado observaciones a ASSE por la contratación de la empresa marítima ITHG. En la base de requisitos ASSE propuso llamar a licitación para a la “contratación de móviles terrestres para traslados no medicalizados” para SAME 105.
Esto fue objetado por algunas de las empresas competentes y en ese sentido el Tribunal de Cuentas pidió tomar en cuenta el cuarto inciso del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que “habilita al Tribunal de Cuentas a suspender la facultad de fraccionamiento” a los ordenadores responsables del gasto.
La Diaria consignaba en agosto de 2023 que el tribunal reiteró la observación del gasto porque una de las últimas licitaciones no cumple con la norma dado que el llamado “vulnera el principio de concurrencia e igualdad.
Además, el tribunal comunicará sobre el asunto a la Comisión de Promoción y Defensa del Ministerio de Economía y Finanzas para que analice si cabe realizar alguna acción sobre las contrataciones. El gasto observado fue por unos 60 millones de dólares.