La AMU impulsa medidas gremiales progresivas y exige un ámbito de negociación para revisar el sistema de remuneraciones, para que reflejen “de manera justa la relevancia de la función, las responsabilidades y el volumen de trabajo”.
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) afirmó en una moción aprobada este sábado que se declara en conflicto y anunció al Poder Ejecutivo y al Legislativo la aplicación de medidas gremiales progresivas que llegarán a la paralización total de los servicios, si sus reclamos no son tenidos en cuenta.
La gremial sostuvo que el planteo central trasciende la discusión presupuestal y que el conflicto “no se limita a la aprobación de la ley de presupuesto”, sino que responde a un problema “estructural y persistente” vinculado al deterioro de las remuneraciones judiciales. Además, señaló que la falta de reconocimiento del valor del trabajo de juezas y jueces afecta “una de las bases de la independencia”.
La AMU ya se había declarado en conflicto el 3 de noviembre, cuando comunicó que la insuficiencia presupuestal prevista para el Poder Judicial implicaba “más demoras”, “menor capacidad para atender áreas críticas” y “riesgo para la independencia judicial efectiva”. En aquel comunicado, la asociación advirtió que “sin recursos suficientes no hay independencia, y sin independencia no hay justicia”.
En su última moción de este sábado, la asamblea resolvió colocar los asuntos salariales “en el centro de la comunicación gremial”, al considerar que el conflicto trasciende la coyuntura presupuestal y está vinculado con la necesidad de un sistema de remuneración “justo, proporcional al esfuerzo y a las responsabilidades” de la función judicial.
La AMU también decidió recabar información sobre las remuneraciones reales de otros funcionarios del Estado mediante los mecanismos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública, con el fin de obtener “elementos objetivos de comparación” que respalden sus planteos.
La asociación exigió a los poderes políticos que en un plazo de 30 días establezcan un “ámbito de negociación específico” para construir un sistema de remuneraciones que refleje “de manera justa la relevancia de la función”, así como las responsabilidades y el volumen de trabajo que enfrentan juezas y jueces.
Entre las primeras medidas gremiales, la AMU dispuso informar al comienzo de cada audiencia la existencia del conflicto, sus causas y el reclamo, en forma “breve y respetuosa”. Además, se documentarán mediante imágenes las condiciones materiales de trabajo en los juzgados más afectados, respetando la “privacidad y la imagen” de quienes no autoricen la difusión.
La gremial también resolvió realizar sus asambleas en horario de oficina “a efectos de visibilizar el conflicto” y aplicar estrictamente los plazos legales, es decir, evitar adelantar actuaciones o reducir etapas.
La moción incorporó medidas que implicarían distorsiones en caso de que las acciones iniciales no resulten efectivas. Entre ellas, se prevé dejar de realizar audiencias por medios electrónicos, una modalidad que la gremial identifica como práctica “de eficiencia”.
Otras medidas contemplan la reprogramación de audiencias no urgentes y la suspensión de tareas que no impliquen riesgo de “perjuicio inmediato para derechos fundamentales”, como parte del esquema de acciones escalonadas definido por la asamblea.
En una fase avanzada del conflicto, la AMU habilitó la eventual paralización total del trabajo y se mantendría únicamente una “guardia gremial mínima” para “asegurar la atención de asuntos estrictamente urgentes”.