Los propietarios de inmuebles que cuenten con elementos que representen un riesgo para la integridad física de las personas en sus fachadas tendrán un plazo de dos meses para retirarlos o adecuarlos.
La Junta Departamental de Montevideo aprobó con 19 de los 26 votos una nueva normativa que prohíbe la instalación de elementos de "arquitectura hostil", aquellos que puedan representar un riesgo para la integridad física de las personas.
La medida abarca estructuras como pinchos, rejas en punta y otros elementos similares ubicados en fachadas, cercos, cerramientos y límites, tanto en espacios públicos como privados accesibles desde la vía pública.
La iniciativa surgió tras la muerte de un hombre de 30 años, en noviembre de 2024, quien sufrió graves heridas al caer sobre pinchos colocados en la fachada de un edificio en la intersección de Durazno y Héctor Gutiérrez Ruiz. Este caso reavivó el debate sobre la instalación de estos dispositivos, generalmente utilizados para impedir que personas en situación de calle permanezcan en determinados espacios.
Con la entrada en vigencia de la normativa, los propietarios de inmuebles que cuenten con elementos prohibidos tendrán un plazo de dos meses para retirarlos o adecuarlos.
La Intendencia de Montevideo será la encargada de reglamentar el decreto y podrá realizar inspecciones, emitir intimaciones y, en caso de incumplimiento, disponer el retiro de los elementos. Las multas por transgredir la normativa podrán alcanzar las 20 Unidades Reajustables (UR), lo que equivale a más de 36.000 pesos, con la posibilidad de sanciones diarias adicionales si no se respeta el plazo establecido para la adecuación o el retiro de las estructuras.
Además, se llevará a cabo una campaña de concientización para informar a la ciudadanía sobre los riesgos de la arquitectura hostil y fomentar espacios urbanos más seguros e inclusivos.
En diálogo con Nada que perder, el edil frenteamplista Claudio Visillac contó que solo en el municipio B hay 400 inmuebles con este tipo de elementos. “Este es un tema de preocupación por el suceso que hemos tenido que lamentar en 2024 y también por lo que nosotros entendemos que es la convivencia en el espacio público”, explicó.
Visillac se refirió a las situaciones “de conflicto” que se generan entre propietarios y personas que viven en la calle, en zonas en donde las fachadas de los establecimientos están de cara a la vereda. Estas requerían “un instrumento para la actuación inmediata”, para luego mirarlo “con un abordaje más integral, de mediano y largo plazo”.
