El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó el jueves 13 el Informe Especial ́Cárcel, Dignidad y Derechos Humanos, hacia una doctrina sobre el trato cruel, inhumano o degradante ́, trabajo “conceptual” y no casuístico que el jerarca comentó en ́Mejor Hablar ́.
Petit lamentó que “este tema tiene un gran rezago, ha quedado como por fuera de las políticas sociales, en el cual muchos organismos sociales que tienen competencia (...) han demorado en incorporarse” a su abordaje. Ilustró su evolución indicando que “numéricamente, hasta el año 2000 o un poco antes, la población penitenciaria era muy baja en Uruguay, teníamos unos 4.000, 4.000 y pico de presos pero luego se va produciendo un fenómeno de aumento de los delitos probablemente, o de la detección de los delitos, de la sensación de inseguridad o de la inseguridad; y se empiezan a elaborar un conjunto de leyes que no son de ahora, hay un continuo, un proceso de muchos años (...) se va conformando un sistema, por acumulación de leyes, bastante compresivo, de bastante severidad, por lo menos para buena parte de los delitos, lo cual es un tema opinable”. Añadió la relevancia del aspecto valorativo y del factor demográfico. “Está claro que hay una nueva realidad social, también desde hace algunos años, donde ya no es un tema de pobreza sino de exclusión social consolidada con mecanismos de supervivencia ilegal, donde la difusión masiva y la banalización del consumo y comercialización de sustancias ilegales ha permitido generar un medio de subsistencia, una cantidad de sectores excluidos que se desconectan del sistema educativo, del sistema laboral y encuentran allí un sistema de vida que muchas veces termina en la cárcel por aplicación de las leyes; y allí, sin una nueva dimensión de las políticas sociales tenemos un serio problema, en un país que crece muy poco, donde tenemos 10.000 nacimientos menos que hace unos 10 años; es muy grave que la población que se reproduce, que tiene mayor tasa de fecundidad, sea en buena medida esta población con altísima vulnerabilidad social”, anotó. Como camino hacia la reversión y superación de esta problemática social, “me imagino un despliegue de herramientas mucho más personalizadas, dirigidas ya no barrio a barrio sino casa a casa, identificando justamente a esas familias que son las que muchas veces llegan al sistema penitenciario; uno ve que tienen 4, 5, 6, 7 hijos, que muchos de ellos no han podido terminar la escuela, han rebotado en el sistema educativo, no se han capacitado laboralmente, viven haciendo alguna changa o en situación de calle, semicalle; para llegar allí ya no alcanza con que haya un Centro Comunal en el barrio” y si bien “el Ministerio de Desarrollo Social tiene una función muy importante y fue un logro que se haya creado”, su trabajo se desarrolla “sobre todo con los emergentes de las políticas (...) pero hay otras dimensiones que involucran una cantidad de acciones conjuntas, que tienen que ver con la educación, la salud, la cultura y con la integralidad”. Sobre esa integralidad Petit abrió una reflexión: “¿Llegamos a capacitarnos por lo que aprendemos? Sí, pero también por lo que comemos, el techo que tenemos, el cariño que recibimos, los estímulos, las oportunidades, la cultura; o sea, hay una integralidad que el Estado, cuando interviene, cuadricula y reparte en una cantidad de organismos que van por separado como si la persona pudiera separarse”; en cambio, “una dimensión integral obliga a pensar dispositivos diferentes, más persona a persona, caso a caso, familia a familia, y para eso el sistema carcelario es una enorme oportunidad porque la gente está ahí” y esto facilita “detectar esas familias, esas personas, esos núcleos familiares e intervenir fuertemente desde el punto de vista de la asistencia, del desarrollo y de las oportunidades”. En cuanto a la cantidad de reclusos, “las cifras siguen moviéndose” al alza y “los datos de ayer” (por el martes 18) daban “13.605, todos los días sigue aumentando” y en poco más de un mes fueron casi 200 personas más; pero esto no solamente “es un ritmo muy alto” sino que además “es de las pocas mediciones demográficas que en Uruguay crecen a esta rapidez vertiginosa, porque no aumenta así la matrícula escolar” como tampoco “las conexiones a UTE ni a OSE, casi nada tiene este ritmo de crecimiento; es una señal”. Volviendo al tema de los caminos de mejora y superación, como sistema e individualmente, el entrevistado explicó que si bien “quien comete un delito debe rendir cuentas, no siempre la cárcel es el mejor mecanismo o el más eficiente” para rehabilitar o reencauzar conductas; “al revés, en algunos casos es un mecanismo que nos asegura que vamos a tener más delitos”; para ejemplificar el problema nacional citó “los países europeos y nórdicos, que transitaron lo que transita Uruguay, ya pasaron por tener un sistema penitenciario desbordado y se dieron cuenta de que era causa de más delitos; entonces trabajaron (...) hicieron un sistema más inteligente y eficiente, lo cual requiere una conjunción de voluntades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial; la política criminal era más compleja justamente porque requiere la conjunción de tres poderes del Estado”, puntualizó. Tras mencionar otra experiencia exitosa en la materia como el Estado de Texas en Estados Unidos, el Comisionado advirtió que “en lo que no está haciendo el Uruguay los deberes es en fortalecer el sistema de medidas alternativas, en el primer filtro, es como en la Salud (...) con la atención primaria”; en nuestro país “no tenemos un sistema de medidas alternativas sólido, creíble, técnico, con rehabilitación, con asistencia y por lo tanto terminamos derivando al CTI situaciones que podrían tener un trato muchísimo más liviano, muchísimo más barato pero sobre todo muchísimo más eficaz; y pensemos en las víctimas de los delitos” también, reclamó. Cuestionó que “muchas veces mandamos a prisión a mucha gente que no cometió ningún delito violento y que cometió un delito llamémosle social, un delito donde la causa social es muy visible y que muestra la falla de otro tipo de fenómenos, desde la asistencia social, la familia, la salud mental y para los cuales la cárcel en el sentido estricto no es la mejor medida”. Para corregir conductas, generar oportunidades a personas que delinquen, reducir delitos y despoblar cárceles “hay que romperse la cabeza” a fin de “generar políticas públicas que arrastren un conjunto de organismos que justamente permitan conformar un filtro denso, fuerte para que la violencia no circule, para que ese virus social no circule y en aquellos lugares donde la tenemos congelada, como puede ser en una cárcel”, abrir “un sistema de medidas alternativas donde la persona tenga que reportarse periódicamente o diariamente, y a partir de allí tener asistencia, rehabilitación por ese delito leve que cometió; eso justamente va también en favor del derecho de la víctima, del derecho de las personas a no tener miedo”, recomendó Petit.
