Magdalena Broquetas, historiadora, estuvo en Nada Que Perder de M24 para hablar acerca de la gestación del golpe de Estado. La especialista recordó que el proceso que llevó al golpe del 27 de junio de 193 fue largo, en relación al que vivieron los países vecinos.
Hay un período de autoritarismo civil que va desde el año 1968 a 1973, donde aparece la legislación de las medidas de excepción (medidas prontas de seguridad), a partir del 13 de junio de 1968, de la mano de Jorge Pacheco Areco y salvo algunos meses que se levantan de manera parcial, rigen hasta la fecha del golpe.
“Ahí hay una anomalía, porque las medidas prontas de seguridad sirven para intervenir la enseñanza, para contener los conflictos sindicales”, aseguró.
Desde 1830 la Constitución establece las medidas prontas de seguridad que dispone el presidente y a las 24 horas siguientes tiene que rendir cuentas y el Parlamento determina la gravedad de la situación que amerite aplicarlas.
Las medidas prontas de seguridad se aplican en casos graves de ataque exterior o conmoción interior.
“En el 63 y en el 65 habían sido aplicadas por tiempo prolongados y con novedades, sin amnistía, con detenciones más prolongadas para los trabajadores que habían estado en huelga y es en caso que tiene que ver con grandes conflictos sindicales, sobre todo con los trabajadores del Estado”, relató.
A partir de 1968 estas medidas van a comenzar a amparar militarizaciones, fundamentalmente para los bancarios públicos, pero en el 69 también se aplicarán para los privados, mientras que la libertad de reunión, de asociación y otros derechos constitucionales quedan suspendidos.
“Esto viene de la mano con el deterioro de un sistema de partidos y con un proceso de autonomización de las Fuerzas Armadas que van a tener cada vez más espacio en el espectro político, más funciones que excedan las estrictamente castrenses”, acotó.
En 1971 Pacheco les encomienda a los mandos la conducción de la lucha antisubversiva. “Un escalón enorme para las Fuerzas Armadas (…) estamos hablando de legalidad de excepción y de un abuso de la fuerza represiva del Estado. Pensemos en esa triste nómina de muertos estudiantiles y militantes sindicales que se inaugura con Liber Arce, pero que sigue con Susana Pintos, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Julio Espósito (…) todo eso se da antes del golpe”, detalló.
Remarcó que una característica previa al golpe, amparados en la impunidad, fue la tortura que comenzó con la Policía y siguió con los militares sobre estudiantes, trabajadores a políticos y a miembros de las organizaciones armadas.
“Cuando llegamos a abril de 72, es otro mojón en el proceso del autoritarismo y llegada al golpe (…) el Parlamento va a votar la suspensión de las garantías individuales y el Estado de guerra interna. La suspensión de las garantías individuales no era la primera vez, se había votado unos años antes, por un tiempo limitado; el Estado de guerra interna era inédito, al punto que fue cuestionado por la asamblea del colegio de abogados, pero lo importante de esta fecha es que con esta legislación que además se va prolongando, el Estado de guerra interno rige hasta que entra en vigor la ley de seguridad del Estado, el 10 de julio de 1972. Lo que permite esta nueva legislación es anular definitivamente al Poder Judicial. Se van a crear delitos militares para los civiles. Esto es gravísimo. Porque la Justicia militar no es justicia, es un código de leyes para regir la vida en los cuartes”, apuntó.
Y agregó: “Acá lo que se está violando es el principio de habeas corpus. Es el que haya una prueba que se le exhiba al detenido por la cual está siendo apresado. Se está violando el debido proceso. Los detenidos no eran llevados ante un juez, para que este chequeara si la detención había sido conforme a la Constitución”.
En octubre hay insubordinación militar, previa a la de febrero. Hay cuatro médicas que permanecen detenidas y el Poder Judicial exige que se los libere, que no existen pruebas y los mandos le dicen al presidente Juan María Bordaberry que no los van a liberar.
Broquetas también recordó que previo al golpe surge la violencia paraestatal y paramilitar, comandos armados independizados, vinculados con la Policía y militares. Atentan contra personas, sobre todo a militantes del Partido Comunista del Uruguay y de la Unión de la Juventud Comunista.
También mencionó que existe evidencia que las Fuerzas Armadas tienen en aquel entonces objetivos a corto, mediano y largo plazo, habiendo incorporado la doctrina de la seguridad nacional: la lucha antisubversiva y dar seguridad para el desarrollo. “Las Fuerzas Armadas están politizadas”, subrayó.
En febrero de 1973 hay un golpe de Estado, donde los mandos desoyen al presidente y este acuerda con ellos en lo que se conoce como el pacto de Boiso Lanza.
