Este martes en Sesión extraordinaria en el Senado comenzó a votarse los artículos del proyecto de ley de la reforma jubilatoria que impulsa el Poder Ejecutivo. En Nada Que Perder de M24 habló al respecto el senador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta.
El legislador dijo que en la sesión quedó claro cómo se financia la reforma - en un marco donde es gradual el aumento de los pasivos sobre los activos - y en ese sentido los contribuyentes de una reforma que es jubilatoria, no de seguridad social, seguirán siendo los trabajadores y el aporte por ley que se hace desde Rentas Generales.
"Hay incremento de los aportes de los trabajadores en la medida que van a trabajar cinco años más. Y trabajar cinco años más para jubilarse en la versión del gobierno con una jubilación igual a la que se jubilarían antes", sostuvo.
Contó también que los diferentes estudios presentados para su análisis, indican que hay sectores de la población que van a perder con esta reforma e incluso aseguran que el complemento solidario sólo va a reforzar a las jubilaciones más bajas, haciendo que los ingresos medios sean los que más pierdan.
"Gente que se jubila entre 50 mil y 70 mil pesos, según el Instituto Cuesta Duarte (ICD) estarían perdiendo en el entorno del 36% y 38% de la jubilación respecto al régimen actual. Si no hay incremento en los aportes patronales, si no hay incremento de rentas generales, obviamente que el único incremento adicional de la reforma es el que hacen los trabajadores con cinco años de trabajo", explicó.
Recordó que en la reforma de la Caja Bancaria que hizo el FA en gestiones pasadas, se incluyó un aporte a la ganancia de los activos financieros de los bancos.
En tanto, Brenta consideró que hubo poco tiempo para analizar esta reforma y fundamentalmente faltó diálogo social. "El oficialismo tiene una confusión que es recibir a más de 80 delegaciones que en 15 o 20 minutos a lo sumo puedan realizar un planteo, a diferencia de la Cámaras Empresariales que no les afecta. Diálogo social no es recibir a delegaciones, tomar apuntes y que se vayan, diálogo social es un debate, con intercambio real durante meses y recepción por parte del gobierno", detalló.
Hasta el momento la única recepción de parte del Poder Ejecutivo, pero que no tiene articulado en el proyecto de ley, es en referencia a la Caja Notarial donde algunos legisladores oficialistas manifiestan excluirla del régimen general, ya que su sistema está saneado.
Además, en el proyecto original se planteaba ajustar el complemento solidario por Índice del Precio al Consumo (IPC), pero como el proyecto prevé un incremento del salario real a largo plazo, los términos del ajuste licuarían ese complemento.
"Esto motivó a que el gobierno introdujera un cambio y habilitara el Ejecutivo a utilizar el IPC o el Índice Medio de Salarios (IMS). Podríamos decir que esto es una mejora, pero se debía establecer el ajuste por IMS para garantizar que este complemento no se licúe con el tiempo", agregó.