Cada primero de octubre se conmemora el día de las personas mayores. La ONU lo menciona como el Día Internacional de las Personas de Edad y el lema de este 2021 es “Equidad digital para todas las edades”, con lo cual pone el énfasis en que las personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo digital.
Sin embargo, la realidad en nuestro país y en el mundo marca otras prioridades que abordamos con la psicóloga Adriana Rovira, experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo del envejecimiento y la vejez. Licenciada en Psicología, Magister en Psicología Social y Doctoranda en Psicología por la Universidad de la República del Uruguay. También es docente e investigadora de la Universidad de la República en derechos humanos, participación política y cuidados en el campo del envejecimiento.
Rovira fue Directora Nacional del Instituto de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el gobierno de José Mujica (2011-2015) y durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020). También participó en la comisión de expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana Sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Por otra parte fue la encargada del diseñó y puesta en funcionamiento el Programa Red Nacional de Personas Mayores en Uruguay (2009-2019) que recibió un Reconocimiento Especial otorgado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la VII Edición del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2019.
Los días internacionales de reconocimiento hacia poblaciones sirven para sensibilizar y hablar sobre temas que hacen a los procesos de exclusión y desigualdad que atraviesan la vida de esas poblaciones, explicó Rovira.
Agregó también que el concepto de la vejez surge como efecto del gobierno de la vida que realizan mediante distintas intervenciones en políticas públicas los “Estado Nación” modernos. El intervenir la vida para mejorarla mediante los controles epidemiológicos, sanitarios, higienistas van, no sólo mejorando la vida, sino también, como efecto, prolongándola.
“Esta prolongación también llega a poblaciones que tienen sus condición de producción de existencia en marcos de desigualdad estructural, el hecho de que personas en desigualdad social accedan a la prolongación de la existencia determina entonces un proceso de discusión moral y política que refiere ya no sólo a que vidas vale la pena cuidar y proteger, sino cuales vidas deben tener condiciones de dignidad en los procesos de la prolongación de su existencia, y si esta prolongación debe partir de principios de justicia social”, explicó Rovira.
La prolongación de la vida de poblaciones que están en situación de exclusión y desigualdad debe interpelarnos como sociedad en hacernos cargo de generar mecanismos de dignidad o por el contrario debemos ubicar en un proyecto individual la autogestión de la vejez de forma exitosa y si eso no se logra entonces es un problema individual y no un problema de justicia social.
De su exposición surge que la vejez, como categoría abstracta, está articulada a prejuicios negativos que relacionan la decrepitud, el déficit o el deterioro, sin embargo estos prejuicios asociados a la vejez como categoría no se vinculan de igual con todas las personas, sino que generan situaciones de violencia o mayores prejuicios en las personas que viven su vejez en condiciones de desigualdad y exclusión.
Para Rovira la vejez debe ser comprendida como un derecho y no sólo como una etapa del curso de la vida. Si lo observamos como derechos vemos que hay brechas en la prolongación de la existencia de las personas dependiendo el acceso a la justicia social y a la distribución de bienestar social. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida en África es en promedio de 60 años, mientras que en América Latina es 70 años y en Europa es de 80 años, por lo cual esto nos permite visualizar que las personas tienen un horizonte de expectativa de futuro según las condiciones en que producen su existencia.
También expresó que las personas mayores ingresan al reconocimiento de derechos humanos y es fundamental para dar este debate de acuerdo moral y justicia social. Los Derechos Humanos permiten el reconocimiento de que hay también “NO CIUDADANOS SUFRIENTES CUYA EXCLUSIÓN ES ESTRUCTURAL Y PRODUCIDA SOCIALMENTE”.
“Esto permite romper una lógica de justicia social a la cual se accede de forma normativa por reconocimiento de derechos jurídicos universales que sólo sostienen jerarquías hegemónicas identitarias. Donde hay un solo tipo de ciudadano, que debe ser protegido y tener garantías porque su vida importa”.
Uruguay, en 2016, fue el primer país del hemisferio en aprobar y lograr que tenga rango de Ley nacional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores (OEA, 2015). “Es importante ver como se está aplicando o porque se plantean reformas en el marco de la LUC que claramente son contradictorias con este marco normativo vigente en Uruguay” agregó la entrevistada.
Por último le consultamos sobre la importancia e incidencia de la pandemia en las personas mayores. Rovira afirmó que esta pandemia tuvo un enorme impacto y violación a los Derechos Humanos de las personas mayores, fundamentalmente las personas que viven en instituciones de cuidado a largo plazo, que en Uruguay son unas 16.000 personas.
“Como medida de protección a los contagios y a la salud se aisló y se generaron mecanismos de confinamiento y privación a la libertad generalizados y dramáticos en sus efectos. Casi un año y medio de privación a la libertad de las personas mayores, esto es aún más grave cuando vemos en investigaciones en el mundo que la esperanza de vida de las personas mayores que viven este tipo de instituciones tiene en promedio 3 años de vida” finalizó diciendo.
