La incorporación o no de un chat entre Guillermo Maciel y Carolina Ache al pedido de acceso a la información pública se dilucidó en una reunión que el presidente Lacalle Pou solicitó a su “asesor en comunicación y estrategia”, Roberto Lafluf, para que organice en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.
En los últimos días de octubre se conoció el audio con la conversación del excanciller Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache, con una sugerencia para que Ache pierda el celular y de esa forma un chat entre ella y el número dos de Interior, Guillermo Maciel, no ingrese entre las pruebas de la investigación interna de Relaciones Exteriores.
Fueron dos chats. Puntualmente, el chat segundo chat del 3 de noviembre de 2021 decía: “Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy poderoso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”. Esta conversación fue la que analizaron en el piso 11 de Torre Ejecutiva.
El 22 de agosto de 2022, durante la interpelación del senador frentista Mario Bergara a los ahora exministros Heber y Bustillo, así como otras autoridades de ambas secretarías de Estado, coordinaron las acciones en la casona del Ministerio del Interior en el barrio del Prado. Ambos jerarcas aseguraron que nunca supieron sobre el inicio del trámite por parte del narco Sebastián Marset. Ese trámite comenzó el 20 de octubre en Emiratos Árabes. Las consultas de Maciel a Ache fueron el 21 de setiembre y el mencionado 3 de noviembre.
En la noche anterior a la interpelación del senador frentista Mario Bergara, se enteró de las comunicaciones que fueron informadas en la interpelación, subrayó el presidente en la conferencia de prensa de ayer. Lacalle se comunicó con Ache para conocer su reacción y le dijo sobre un diálogo con su secretaria, que le lee, según expresó en la conferencia. Después de la interpelación, el FA solicita un acceso a la información pública y el debate era si las conversaciones privadas debían ser o no aportadas en el pedido.
El 25 de octubre de 2022, cuando había matices todavía sobre dar o no las conversaciones privadas y ante el final próximo de la investigación interna de cancillería y también la del Tribunal de lo Contencioso, por el pedido de acceso a la información, Lacalle Pou le pide a Roberto Lafluf que se junte con ambos subsecretarios para que se pongan de acuerdo con lo que van a hacer con las comunicaciones.
“Hola Caro, me pide el presidente tener ahora una reunión contigo y Maciel ahora a las tres acá en el piso 11, sería conveniente ingresar por el garage”, fue el mensaje de Lafluf a Ache. Es allí que, según el relato de Ache, Lafluf solicita que los mensajes sean borrados de los celulares y que un escribano vuelva a protocolizarlos. En la conferencia dijo el presidente que se pusieron de acuerdo.
Pero posteriormente, Ache dijo que recibió asesoramiento y ahora ella creía que había que presentar estos documentos. Lafluf lo llama al presidente y él respondió que se presente todo, según detalló en la conferencia. Y hasta ahí “lo que recuerdo”.
“Sí, pasé por la reunión, fueron dos minutos. No participé de la reunión”. Así recordó ante los periodistas el encuentro Lafluf, Maciel y Ache.
Posteriormente, durante las preguntas de la prensa el mandatario repasó un hecho que fue subrayado por él mismo como algo que “no es semántica”: no era un expediente sino una hoja protocolizada por un escribano, y el expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación, que es remitida al lunes siguiente.
En la conferencia, Lacalle Pou dijo que tiene la íntima convicción de que tanto el ex ministro como la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, no tienen responsabilidades legales en el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marset y reiteró que su expedición era obligada por normativas de gobiernos anteriores, tal como expresaron Bustillo y Heber en la interpelación de agosto de 2022.
A partir de esta semana, la Fiscalía continuará con la apertura de una nueva línea de investigación para conocer si existió destrucción de un documento público.
El asesor de Lacalle Pou, implicado en el caso Marset por Ache, cobra un sueldo de 294 mil pesos