Según la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, el gobierno “no le está dando prioridad” a la violencia basada en género y “el problema se está acrecentando y sin embargo, las víctimas no llegan a las sedes policiales”, expresó
El Ministerio del Interior informó el 13 de julio que las denuncias por violencia doméstica disminuyeron en un 12,5% en el primer semestre de 2021. Sin embargo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Monica Botero, se mostró sorprendida por estos datos ya que los llamados al instituto han aumentado. Por esto, Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, activista en Derechos Humanos, trabajadora social y magíster en Políticas Públicas de Igualdad, estuvo en El Menú del Día de M24, para hablar sobre la situación de la violencia basada en género en la actualidad.
Teniendo en cuenta lo dicho por la directora de Inmujeres y que en lo que va del 2021 ya se han registrado 12 femicidios (4 más que en todo el 2020), Tuana opinó que “el problema se está acrecentando y sin embargo, las víctimas no llegan a las sedes policiales”. En este aspecto, ella cree que existe un problema que pudo haber tenido una incidencia negativa de la pandemia, por el “temor a salir, a ir a denunciar”, expresó. Pero, para ella, es probable que también exista una “desconfianza de la población” sobre las respuestas oficiales a estos problemas.
El gobierno “no le está dando prioridad” a la violencia basada en género, advirtió. “No vemos ningún plan específico que se esté haciendo para responder esta contingencia” y las autoridades no ponen el tema en agenda, manifestó.
Tuana observó que “no es que bajaron las denuncias porque bajó el problema”, y explicó que desde diversas organizaciones sociales como la suya, se ha advertido “un deterioro en la respuesta en las seccionales policiales y en las unidades especializadas, desde hace unos 5 años”, expresó. Para ella, el mejor camino a seguir sería el de mejorar las respuestas del personal porque hay trabajadores “que no tienen la formación y la empatía como para poder atender este tipo de situaciones o que no siempre hacen una valoración correcta de lo que la persona va a plantear”, explicó. Además, desde su perspectiva, sería necesaria una mejora en la comunicación hacia la población de cómo acercarse a los servicios de ayuda.
Explicó además que las dificultades en la respuesta ante las denuncias de violencia basada en género, son “algo cíclico”, que cada un tiempo se vuelven a ver. “Cuando la respuesta se especializa, se profesionaliza, hay policías formados que van a cursos que se actualizan permanentemente, uno ve cómo las víctimas acuden sostenidamente”, dijo.
Pero los problemas no solo recaen en el personal, según Tuana, es necesario que las unidades especializadas en género estén dotadas de todos los recursos que necesitan, y no siempre sucede así.
Según Tuana, “no hay voluntad política” para que se vote el presupuesto de toda la Ley 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género. Si bien en la Ley de Presupuesto aprobada en 2020 se había contemplado que al 1° de julio de este año estuvieran funcionando los tres primeros juzgados especializados en este tema en Maldonado, Rivera y Paysandú, esto no se ha realizado. Para Tuana, esto es una señal más de la no prioridad de este período actual de gobierno sobre este tema.
A pesar de que ella considera importante esos tres juzgados que aún no están en marcha, opinó que lo que realmente se necesita es votar el presupuesto para toda la ley. Además, ella cree que los juzgados de ese tipo serían necesarios en todo el país, no solo en esos tres departamentos. Para esto, observó, no hay intenciones “de redistribuir fondos de otros lados”, dijo. Si se implementara la ley, “el cambio realmente sería sustantivo”, expresó.
Además, aunque ella cree que Inmujeres es el organismo del gobierno que “tiene mayor compromiso con este tema y está haciendo esfuerzos”, el instituto no ha respondido para que los servicios de atención especializada con los que tienen convenios tengan recursos. Informó que hace tres meses que no se les transfiere los fondos a este tipo de servicios. Es “un gobierno que está precarizando la respuesta en violencia”, opinó.
Tenencia compartida:
En 2020, se presentaron dos proyectos de ley que referían al régimen de crianza de los niños cuando los padres se separan. Por un lado, el proyecto de senadores de Cabildo Abierto (CA): “Tenencia compartida responsable” y por el otro, el de senadores del Partido Nacional (PN): “Corresponsabilidad en la crianza”. Ambos proyectos fueron muy criticados por varias organizaciones sociales, como la Ong El paso a la que Tuana pertenece. En julio de este año, ambos proyectos fueron unificados y sufrieron algunas modificaciones.
Uno de esos cambios que se le realizó recayó en cómo se llevaría a cabo el régimen de tenencia cuando medie una denuncia por violencia a alguno de los padres. El nuevo proyecto estipula que esa decisión quede en manos de la Justicia. Esta modificación, para Tuana, no da mayores garantías para los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Baja el estándar de protección que se le da a los niños que sufren violencia y los puede someter a situaciones graves”, manifestó. El cambio en el proyecto ya no habilita una tenencia compartida a mitad del tiempo aún habiendo una denuncia, pero sí habilita las vistas entre el niño y el progenitor denunciado o su familia. Para Tuana, eso “es inadmisible, si hay una denuncia de violencia, vos no podes someter al niño a que tenga contacto con el denunciado, bajo ningún concepto”, expresó.
Manifestó que “lo que está haciendo este proyecto de ley es impensable” y agregó que imagina que hay una falta de conocimiento por parte de sus redactores sobre lo que pasan los niños que sufren violencia.
