Sin discusión interna ni acuerdo entre los socios de la coalición, la Presidencia informó su intención de adherir al Acuerdo Transpacífico, un proceso largo que podría afectar el rol estatal en el mercado de los combustibles, la electricidad y las telecomunicaciones, además de los temas de propiedad intelectual. Ahora, para ingresar se requieren mayorías parlamentarias y se deberá observar la afectación al Mercosur, observó el analista Eduardo Bottinelli.
Bottinelli recordó que hay países de Oceanía, Asia y algunos países latinoamericanos en el Transpacífico, un acuerdo que hoy en día no es únicamente comercial. De esta primera intención, hay que evaluar que el ingreso es largo y complejo, debe ser aprobado por todos los miembros. Antes de Uruguay, hay diez países que ya iniciaron los trámites para ingresar y la organización los estudia caso a caso.
El primer anuncio del Gobierno y del presidente es adherir, pero hay temas complejos para negociar. en el caso uruguayo, hay que identificar el rol del Estado en combustibles, electricidad y telecomunicaciones, asuntos especialmente complejos para el país, junto a los de propiedad intelectual.
Los acuerdos siempre presentan este tipo de dificultades porque se buscan ventajas competitivas, explicó Bottinelli, capaces de bajar barreras que son los espacios más difíciles de negociar.
La reunión del presidente Lacalle Pou con los líderes de los partidos políticos fue para informar, no fue ni instancia de negociación o discusión. No fue una construcción de política de Estado, ni siquiera dentro de la coalición, aclaró. Pero para aprobar la adhesión se requiere mayoría parlamentaria. Entonces la primera pregunta es si está confirmada esa mayoría parlamentaria.
El siguiente punto será qué pasa con el Mercosur, porque impactará lo que ocurra en la interna del país. Si los movimientos afectarán al Mercosur, el FA y Cabildo Abierto presentaron su posicionamiento contrario.